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7 de noviembre 2014    /   DIGITAL
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Alberti no tiene quien lo estudie

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El marinero en tierra es desconocido para las nuevas generaciones. El miembro más longevo de la generación del 27 que unida por el culteranismo de Góngora agrupó a Jorge Guillén, Pedro Salinas, García Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre… corre el riesgo de perderse en la bruma de la historia. Cuando en las clases de literatura se da este increíblemente fértil movimiento, en los libros de texto no aparecen los poemas de Rafael Alberti. Uno de los mejores poetas de la Edad de Plata de la literatura española no tiene quien lo estudie.
«La mayoría de los escritores vivos o sus herederos dan permiso para que sus escritos aparezcan en los libros de texto», explica Tálida Ruiz del Árbol, catedrática de Lengua Española con decenios de experiencia en la enseñanza en institutos, «y hay otros autores, como Alberti, que exigen cobrar, así que en el 90% de los manuales no aparecen fragmentos de sus obras». Ruiz del Árbol cuenta que en las clases se pueden repartir fotocopias o poner proyecciones con breves poemas del autor, pero que no pueden enviar a una web con textos completos, en parte «porque no existen, ya que también tendrían que pasar por caja».
Estas dificultades hacen que en el intenso currículum que deben impartir los profesores de literatura cada curso Alberti vaya apareciendo menos. En su contra juega además su propia y fructífera generación. «Tienes tantos y tan buenos, como Salinas, Aleixandre, Lorca…», cuenta. «Sí que se explica sobre él, pero no se da tanto y, además, en la antologías, que es al final lo que los alumnos tienen en casa, tampoco aparece». Poco a poco, el marinero en tierra no tiene quien lo estudie.
Con la ley en la mano, todo lo que ocurre con el legado de Alberti es perfectamente legal. Tras una ardua batalla judicial entre su viuda, María Asunción Mateo, y su hija, Aitana, la justicia dictaminó que la primera tenía razón. Ahora, los derechos sobre sus textos los gestiona la agencia Carmen Balcells; los musicales y teatrales, Monge y Bofeta Asociados Musicales; y los de voz, imagen y obra gráfica, la sociedad limitada Alba de Alhelí. Esta, cuyos apoderados son la propia Mateo, su hija Marta, de un matrimonio anterior, y el abogado especialista en derechos de autor Santiago Mediano, es la depositaria y a donde van los beneficios generados.
«En España los derechos pertenecen a los herederos durante 70 años tras el fallecimiento del autor, 80 en caso de que ese plazo no se hubiera cumplido antes de la modificación de la ley [en 1987]», explica Javier de la Cueva, abogado especialista en este campo, «aunque esto varía según el país y la legislación». La propiedad intelectual establece que el autor tiene cuatro derechos de explotación. Él o sus herederos deciden quién puede copiar, transformar, difundir y distribuir, para lo que debe otorgar su consentimiento. «A no ser que la propia ley establezca una excepción», advierte.
Una de ellas es la educativa. «Se puede poner un poema de Rafael Alberti en los libros de texto, pero el problema no es si tienes derecho o no», razona, «es si me van a demandar o no ya que a nadie le gustan los pleitos». Las editoriales, ante la posibilidad de una demanda, de tener que defenderse ante el juez y encima que este les dé la razón, deciden «pasar de Alberti». «De esta manera, la mal llamada protección de los derechos de autor se queda en un ocultamiento de la historia, ya que un autor que pretende que sus derechos sean imposibles de usar lo que logra es ser ignorado por la cultura».
Fricciones
En el mundo preimprenta, el mismo concepto de los derechos de autor podría considerarse un absurdo. Es con la Edad Moderna, al inventar Gutenberg la imprenta de tipos móviles y facilitar la reproducción masiva de libros, cuando estas cuestiones empiezan a ser tenidas en cuenta al generarse riqueza en torno a la venta de volúmenes. Los impresores se encargaban de una inversión inicial en infraestructura y los autores les concedían un privilegio de reproducción y comercio en una determinada zona o villa.
Pero este sistema llevaba a situaciones de monopolio, dificultando la entrada en el mercado de nuevos editores. En Inglaterra, durante el siglo XVII, se fue desarrollando una fricción entre los que abogaban por una libertad de imprenta, como la primera publicación científica, Philosophical Transactions de la entonces flamante Royal Society of London for Improving Natural Knowledge de 1665 y los impresores, que defendían la exclusividad de la edición de obras. Finalmente, en 1710, se aprueba el Estatuto de la reina Ana, considerado la primera ley del mundo que pone negro sobre blanco la necesidad de contar con el permiso del autor para imprimir una obra. Básicamente, un enfrentamiento entre la política del copyleft y del copyright. Y en el mundo actual ha ganado, de momento, la segunda.
El primer modelo lo que busca es la protección de la propiedad intelectual mediante el uso de «candados, verjas, alarmas, para que no sea usada sin consentimiento, y cuando esto ocurra, desembarcar con todo el peso de sanciones penales y civiles». El segundo, relativo al mundo de la academia, cree que la «propiedad intelectual se protege mediante su conocimiento máximo y universal». Un ejemplo perfecto para este abogado sería el del idioma. «¿Cómo se protege el catalán, el euskera, el gallego?», se pregunta De la Cueva, «pues difundiéndolo».
«La cultura de los derechos de autor es muy buena para el mundo del circo, pero no tanto para el de la cultura», bromea. «Es una legislación que viene de EE UU marcada por la industria musical, del bestseller, de Hollywwod, muy buena para ellos ya que tienes que comprar la copia que te dicen», razona ya más serio. «Esta industria del entretenimiento que se autodenomina, de manera falsa, de la cultura, es la que se ha impuesto».
Del absurdo de esta política de privilegio del espectáculo sobre la cultura tiene otro ejemplo la catedrática Ruiz del Árbol. Durante su docencia en el Instituto Español de Andorra, el departamento de Música y el de Lengua, en conjunto, hicieron una serie de unidades didácticas. Los chavales del coro interpretaban canciones contemporáneas, «Mecano, Beatles», y los profesores de Lengua «trabajaban lingüísticamente sus letras, explicando aspectos morfológicos y sintácticos». El proyecto fue un éxito y se decidieron a editarlo para distribuirlo.
El problema vino con las tonadillas con derechos de autor. Pese a no tener ningún ánimo de lucro, solo ser para los institutos españoles en el exterior, no contener las canciones originales sino interpretaciones, estar pagado con una colecta… la SGAE exigía el pago de sus royalties. «El proyecto al final se realizó con canciones populares como el Antón Pirulero», argumenta, «pero quedó completamente desvirtuado ya que cantar y explicar lingüísticamente Hijo de la Luna no se parece en nada a hacerlo con Tengo una vaca lechera».

El marinero en tierra es desconocido para las nuevas generaciones. El miembro más longevo de la generación del 27 que unida por el culteranismo de Góngora agrupó a Jorge Guillén, Pedro Salinas, García Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre… corre el riesgo de perderse en la bruma de la historia. Cuando en las clases de literatura se da este increíblemente fértil movimiento, en los libros de texto no aparecen los poemas de Rafael Alberti. Uno de los mejores poetas de la Edad de Plata de la literatura española no tiene quien lo estudie.
«La mayoría de los escritores vivos o sus herederos dan permiso para que sus escritos aparezcan en los libros de texto», explica Tálida Ruiz del Árbol, catedrática de Lengua Española con decenios de experiencia en la enseñanza en institutos, «y hay otros autores, como Alberti, que exigen cobrar, así que en el 90% de los manuales no aparecen fragmentos de sus obras». Ruiz del Árbol cuenta que en las clases se pueden repartir fotocopias o poner proyecciones con breves poemas del autor, pero que no pueden enviar a una web con textos completos, en parte «porque no existen, ya que también tendrían que pasar por caja».
Estas dificultades hacen que en el intenso currículum que deben impartir los profesores de literatura cada curso Alberti vaya apareciendo menos. En su contra juega además su propia y fructífera generación. «Tienes tantos y tan buenos, como Salinas, Aleixandre, Lorca…», cuenta. «Sí que se explica sobre él, pero no se da tanto y, además, en la antologías, que es al final lo que los alumnos tienen en casa, tampoco aparece». Poco a poco, el marinero en tierra no tiene quien lo estudie.
Con la ley en la mano, todo lo que ocurre con el legado de Alberti es perfectamente legal. Tras una ardua batalla judicial entre su viuda, María Asunción Mateo, y su hija, Aitana, la justicia dictaminó que la primera tenía razón. Ahora, los derechos sobre sus textos los gestiona la agencia Carmen Balcells; los musicales y teatrales, Monge y Bofeta Asociados Musicales; y los de voz, imagen y obra gráfica, la sociedad limitada Alba de Alhelí. Esta, cuyos apoderados son la propia Mateo, su hija Marta, de un matrimonio anterior, y el abogado especialista en derechos de autor Santiago Mediano, es la depositaria y a donde van los beneficios generados.
«En España los derechos pertenecen a los herederos durante 70 años tras el fallecimiento del autor, 80 en caso de que ese plazo no se hubiera cumplido antes de la modificación de la ley [en 1987]», explica Javier de la Cueva, abogado especialista en este campo, «aunque esto varía según el país y la legislación». La propiedad intelectual establece que el autor tiene cuatro derechos de explotación. Él o sus herederos deciden quién puede copiar, transformar, difundir y distribuir, para lo que debe otorgar su consentimiento. «A no ser que la propia ley establezca una excepción», advierte.
Una de ellas es la educativa. «Se puede poner un poema de Rafael Alberti en los libros de texto, pero el problema no es si tienes derecho o no», razona, «es si me van a demandar o no ya que a nadie le gustan los pleitos». Las editoriales, ante la posibilidad de una demanda, de tener que defenderse ante el juez y encima que este les dé la razón, deciden «pasar de Alberti». «De esta manera, la mal llamada protección de los derechos de autor se queda en un ocultamiento de la historia, ya que un autor que pretende que sus derechos sean imposibles de usar lo que logra es ser ignorado por la cultura».
Fricciones
En el mundo preimprenta, el mismo concepto de los derechos de autor podría considerarse un absurdo. Es con la Edad Moderna, al inventar Gutenberg la imprenta de tipos móviles y facilitar la reproducción masiva de libros, cuando estas cuestiones empiezan a ser tenidas en cuenta al generarse riqueza en torno a la venta de volúmenes. Los impresores se encargaban de una inversión inicial en infraestructura y los autores les concedían un privilegio de reproducción y comercio en una determinada zona o villa.
Pero este sistema llevaba a situaciones de monopolio, dificultando la entrada en el mercado de nuevos editores. En Inglaterra, durante el siglo XVII, se fue desarrollando una fricción entre los que abogaban por una libertad de imprenta, como la primera publicación científica, Philosophical Transactions de la entonces flamante Royal Society of London for Improving Natural Knowledge de 1665 y los impresores, que defendían la exclusividad de la edición de obras. Finalmente, en 1710, se aprueba el Estatuto de la reina Ana, considerado la primera ley del mundo que pone negro sobre blanco la necesidad de contar con el permiso del autor para imprimir una obra. Básicamente, un enfrentamiento entre la política del copyleft y del copyright. Y en el mundo actual ha ganado, de momento, la segunda.
El primer modelo lo que busca es la protección de la propiedad intelectual mediante el uso de «candados, verjas, alarmas, para que no sea usada sin consentimiento, y cuando esto ocurra, desembarcar con todo el peso de sanciones penales y civiles». El segundo, relativo al mundo de la academia, cree que la «propiedad intelectual se protege mediante su conocimiento máximo y universal». Un ejemplo perfecto para este abogado sería el del idioma. «¿Cómo se protege el catalán, el euskera, el gallego?», se pregunta De la Cueva, «pues difundiéndolo».
«La cultura de los derechos de autor es muy buena para el mundo del circo, pero no tanto para el de la cultura», bromea. «Es una legislación que viene de EE UU marcada por la industria musical, del bestseller, de Hollywwod, muy buena para ellos ya que tienes que comprar la copia que te dicen», razona ya más serio. «Esta industria del entretenimiento que se autodenomina, de manera falsa, de la cultura, es la que se ha impuesto».
Del absurdo de esta política de privilegio del espectáculo sobre la cultura tiene otro ejemplo la catedrática Ruiz del Árbol. Durante su docencia en el Instituto Español de Andorra, el departamento de Música y el de Lengua, en conjunto, hicieron una serie de unidades didácticas. Los chavales del coro interpretaban canciones contemporáneas, «Mecano, Beatles», y los profesores de Lengua «trabajaban lingüísticamente sus letras, explicando aspectos morfológicos y sintácticos». El proyecto fue un éxito y se decidieron a editarlo para distribuirlo.
El problema vino con las tonadillas con derechos de autor. Pese a no tener ningún ánimo de lucro, solo ser para los institutos españoles en el exterior, no contener las canciones originales sino interpretaciones, estar pagado con una colecta… la SGAE exigía el pago de sus royalties. «El proyecto al final se realizó con canciones populares como el Antón Pirulero», argumenta, «pero quedó completamente desvirtuado ya que cantar y explicar lingüísticamente Hijo de la Luna no se parece en nada a hacerlo con Tengo una vaca lechera».

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