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21 de noviembre 2017    /   ENTRETENIMIENTO
por
fotografia  José Miguel Cerezo

La ‘Shanghái murciana’ se niega a desaparecer

21 de noviembre 2017    /   ENTRETENIMIENTO     por        fotografia  José Miguel Cerezo
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Queda poco territorio virgen en la costa española y la región de Murcia no es una excepción. Sus playas se han edificado hasta casi el colapso y quien sobrevive en algo medianamente natural puede sentirse un privilegiado. Les pasa a los residentes en Algameca Chica, una pedanía de Cartagena nacida a finales del siglo XVIII que lucha por no ser derribada: su situación –sobre las aguas del mar, literalmente– incumple la Ley de Costas, pero la peculiaridad de lo que empezó como un pequeño asentamiento de pescadores y ha ido transfiriéndose de generación en generación puja por convertirlo en Bien de Interés Cultural (BIC). Una lucha que sus cerca de 300 vecinos afrontan con la incertidumbre de una amenaza permanente y con el sosiego que infunde el paisaje.

Pero tendríamos que retroceder hasta el siglo XVIII para comprender lo que significa este escenario imperturbable. La Algameca Chica, paraje que algunos apodan ‘la Shanghái murciana’ por su ubicación sobre el Mediterráneo, comenzó su singladura en 1778 (es más: se cree que su etimología es la palabra árabe ‘gamek’, que significa «suelo profundo y húmedo»). En 1881 ya tenía cinco barracas y una tasca, tal y como estudió Itarra Bastida, autor de un libro que bucea en sus inicios y que hoy guardan algunos como una pieza autobiográfica.

Entonces no existía decreto que protegiera los mares y por eso su población fue creciendo hasta las 110 casas actuales. Todavía sin legislación relativa al daño medioambiental, en 1969 nació la insuficiente Ley de Costas, ya aludida. Sus revisiones en 1989 y en 2013 fueron las que pusieron contra las cuerdas a los moradores de la zona.

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Rincón de marineros, sus primeras chabolas se adaptaron a la orografía de las laderas. Precarios muros y maltrechos diques sirvieron de guarida a los vecinos, que residían sin papeles ni hipotecas. Desde entonces, descendientes de estos antiguos moradores y gente próxima han ido dándole un nuevo aire. En invierno apenas hay quien empeñe aquí sus jornadas, pero en verano la multitud aparca toallas y disfruta hasta tarde de este pedazo natural, lejos del ajetreo y la autoridad.

Ana María es un ejemplo. Su abuelo la trajo de pequeña y ahora, a los 73 años, lo tiene claro: «El que viniera aquí, no querría irse». Una de las más veteranas del lugar —«hay dos mujeres mayores que yo», se excusa— habla con decisión y con una sintaxis algo cervantina. Se para en el quicio de la puerta. Carga una caja que va a tirar a la basura: un poste de farola y bidones cortados en forma de cubo. Recuerda cómo correteaba por las callejuelas hace siete décadas y defiende el valor emocional e histórico de su ‘pueblico’, levantado de forma alegal y que se expone o a un derribo o a una protección total.

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Estas dos antagónicas posibilidades son entre las que se mueven a diario sus habitantes. «Estamos huérfanos. Aquí nos han querido echar desde siempre», afirma Juan Arroyo, un locutor y pinchadiscos local que, incluso con esa perpetua duda, muestra cómo está adecentando una nueva terraza y un nuevo embarcadero propio. Su mujer Mari Carmen y él pasan los veranos y los fines de semana en este rincón, desembocadura de la rambla de Benipila. A su casa, en un barrio de la ciudad, tardan 10 minutos en coche. «Y dando un paseo serían 40 minutos, no se crea», alegan. De la ruidosa rutina se evaden gracias al silencio que se respira aquí, donde la sombra va cubriendo poco a poco las lomas. «Encontramos la paz», sintetizan.

«Venimos de una ciudad milenaria y se quieren cargar su patrimonio», suspira Pedro Blaya en el patio de una de las viviendas, ‘El Corral de la Pacheca’. Con varios vasos de digestivos a medio beber, Blaya, Patricio Gómez y Jesús Vicente –de 79, 68 y 56 años, respectivamente– coinciden en que la asfixia les viene por cinco bandas: el Ayuntamiento de Cartagena, el gobierno provincial de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura (que se encarga desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los planes de agua en la región), Costas y Medio Marino (de la misma institución) y el Ministerio de Defensa, el posible propietario al contar con una instalación militar en su entrada y con una parte del puerto de Cartagena, donde la Marina construye incluso submarinos.

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Dialogan sobre los moluscos que sacan del mar y sobre cómo se pone la cala a partir de mayo: «a reventar». Interrumpida su sobremesa, uno de ellos se acerca a su casa a por un recorte de periódico que ya hablaba, en 2002, del peligro de derruir La Algameca Chica. Otro muestra la cocina a oscuras y relata cómo ‘apañó’ el traspaso de la vivienda hace un par de años. «Aquí no se compra ni se vende. Le llamamos ‘trato’», explican.

Si las casas son alegales, claro, ¿cómo van a tener registros oficiales? «Esto pasa de generación en generación o, con suerte, a algún conocido. Yo la mía la adquirí hablando con un amigo que la tenía», cuenta Arroyo, que muestra cuatro papeles manuscritos plastificados en una cuartilla tamaño folio. Son los documentos del canje. «La compré por 7.700 euros», dice. Puede que sea una de las más caras: tres habitaciones, cocina, la azotea que pretende convertir en mirador… Está justo en la trocha que enhebra la margen derecha. Paso privilegiado (asfaltado) hacia el final de la cala. A pocos metros del campo de fútbol que sirve de aparcamiento principal y al lado de dos de los tres chiringuitos. Uno de ellos cerrado a estas alturas de año, otro ofreciendo aperitivos de olivas o cacahuetes a un euro y bocatas de tortilla francesa o atún a dos y medio.

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Porque la Algameca Chica se divide en dos orillas. Las comunica un puente de cemento que ha de reconstruirse en cada riada. Con la sorna que les caracteriza, llaman a una Sevilla y a otra Triana. La municipalidad apenas se encarga de la recogida de basuras.

El resto es autogestionado: tanto el agua corriente como la electricidad dependen de cómo se las ingenie cada uno. Un generador en la entrada del pueblo es la única fuente de energía compartida. Funciona solo en verano, unas horas de la noche. De ahí que muchos vecinos tengan el suyo propio. «Con unos 90 euros pagas tres meses de luz», calculan los congregados en torno a estas viviendas, con nombres propios en baldosines de la puerta. Echan de menos, eso sí, alguna comodidad más: «Queremos traer tele y radiadores», cuenta la pareja formada por Juan y Mari Carmen. «En verano hay un calor que agobia. No corre el aire. Estás fregando y parece que te ahogas, que los pulmones no funcionan», describe otra paisana, pitillo en labio.

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José Manuel de Haro –presidente de vecinos, hoy ausente e imposible de localizar en su móvil– ha detallado en cada entrevista de prensa la situación actual. «Las administraciones nunca nos han hecho caso. De vez en cuando se oía algo, pero se quedaba en nada», rememora. «Queremos que lo proteja cultura como BIC porque es algo auténtico. Quizás no bonito en el sentido estricto, pero de gran significado etnográfico». En un paseo, de hecho, se comprueba el mal estado de algunos inmuebles. La uralita y la madera son los mayores aliados de sus habitantes, aunque hay quien le ha dado un remozado.

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Como Emilia, de 74 años, que desde hace 59 años ha ido ampliando unas estancias que compró por 2.000 pesetas (12 euros) para recibir a sus 11 hijos y 15 nietos. O como José Ángel y María Jesús, dueños de ‘La Tasca Vasca’, único restaurante propiamente dicho de La Algameca Chica. Ella, de San Sebastián, prepara platos por encargo para quien vaya en estas fechas. En verano cocina a diario para los turistas, que atiborran una terraza sobre tablones. En un mapa van pinchando con chinchetas las nacionalidades que han pasado por sus mesas: australianos, etíopes, de Bermudas… «Y algunos han repetido», sonríe. Sin TripAdvisor ni reclamos de neón, que conste. A veces extrañan su fonda del norte y caminan por Cartagena, con 215.000 almas y mayor trasiego.

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Un incordio, el de ir y volver, que trae de cabeza a Isidro y Raquel, de 35 y 38 años. Hace unos meses ‘recibieron’ la última finca del final de La Algameca Chica. Una cueva cerrada por dos maderos y acondicionada con tres sillones en forma de u. Ellos querrían olvidarse del trajín y disfrutar de su «choza», pero los cuatro hijos que tienen les exigen actividades solo posibles en la ciudad. «Si no fuera por eso, yo vendería el apartamento y me quedaría aquí», afirma ella en medio de un ‘patio’ de rocas y escombros. El embrujo de este Shanghai chiquito también hace mella en los jóvenes. Aunque siempre se sostenga entre la duda del derribo y el orgullo de la conservación.

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Queda poco territorio virgen en la costa española y la región de Murcia no es una excepción. Sus playas se han edificado hasta casi el colapso y quien sobrevive en algo medianamente natural puede sentirse un privilegiado. Les pasa a los residentes en Algameca Chica, una pedanía de Cartagena nacida a finales del siglo XVIII que lucha por no ser derribada: su situación –sobre las aguas del mar, literalmente– incumple la Ley de Costas, pero la peculiaridad de lo que empezó como un pequeño asentamiento de pescadores y ha ido transfiriéndose de generación en generación puja por convertirlo en Bien de Interés Cultural (BIC). Una lucha que sus cerca de 300 vecinos afrontan con la incertidumbre de una amenaza permanente y con el sosiego que infunde el paisaje.

Pero tendríamos que retroceder hasta el siglo XVIII para comprender lo que significa este escenario imperturbable. La Algameca Chica, paraje que algunos apodan ‘la Shanghái murciana’ por su ubicación sobre el Mediterráneo, comenzó su singladura en 1778 (es más: se cree que su etimología es la palabra árabe ‘gamek’, que significa «suelo profundo y húmedo»). En 1881 ya tenía cinco barracas y una tasca, tal y como estudió Itarra Bastida, autor de un libro que bucea en sus inicios y que hoy guardan algunos como una pieza autobiográfica.

Entonces no existía decreto que protegiera los mares y por eso su población fue creciendo hasta las 110 casas actuales. Todavía sin legislación relativa al daño medioambiental, en 1969 nació la insuficiente Ley de Costas, ya aludida. Sus revisiones en 1989 y en 2013 fueron las que pusieron contra las cuerdas a los moradores de la zona.

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Rincón de marineros, sus primeras chabolas se adaptaron a la orografía de las laderas. Precarios muros y maltrechos diques sirvieron de guarida a los vecinos, que residían sin papeles ni hipotecas. Desde entonces, descendientes de estos antiguos moradores y gente próxima han ido dándole un nuevo aire. En invierno apenas hay quien empeñe aquí sus jornadas, pero en verano la multitud aparca toallas y disfruta hasta tarde de este pedazo natural, lejos del ajetreo y la autoridad.

Ana María es un ejemplo. Su abuelo la trajo de pequeña y ahora, a los 73 años, lo tiene claro: «El que viniera aquí, no querría irse». Una de las más veteranas del lugar —«hay dos mujeres mayores que yo», se excusa— habla con decisión y con una sintaxis algo cervantina. Se para en el quicio de la puerta. Carga una caja que va a tirar a la basura: un poste de farola y bidones cortados en forma de cubo. Recuerda cómo correteaba por las callejuelas hace siete décadas y defiende el valor emocional e histórico de su ‘pueblico’, levantado de forma alegal y que se expone o a un derribo o a una protección total.

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Estas dos antagónicas posibilidades son entre las que se mueven a diario sus habitantes. «Estamos huérfanos. Aquí nos han querido echar desde siempre», afirma Juan Arroyo, un locutor y pinchadiscos local que, incluso con esa perpetua duda, muestra cómo está adecentando una nueva terraza y un nuevo embarcadero propio. Su mujer Mari Carmen y él pasan los veranos y los fines de semana en este rincón, desembocadura de la rambla de Benipila. A su casa, en un barrio de la ciudad, tardan 10 minutos en coche. «Y dando un paseo serían 40 minutos, no se crea», alegan. De la ruidosa rutina se evaden gracias al silencio que se respira aquí, donde la sombra va cubriendo poco a poco las lomas. «Encontramos la paz», sintetizan.

«Venimos de una ciudad milenaria y se quieren cargar su patrimonio», suspira Pedro Blaya en el patio de una de las viviendas, ‘El Corral de la Pacheca’. Con varios vasos de digestivos a medio beber, Blaya, Patricio Gómez y Jesús Vicente –de 79, 68 y 56 años, respectivamente– coinciden en que la asfixia les viene por cinco bandas: el Ayuntamiento de Cartagena, el gobierno provincial de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura (que se encarga desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de los planes de agua en la región), Costas y Medio Marino (de la misma institución) y el Ministerio de Defensa, el posible propietario al contar con una instalación militar en su entrada y con una parte del puerto de Cartagena, donde la Marina construye incluso submarinos.

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Dialogan sobre los moluscos que sacan del mar y sobre cómo se pone la cala a partir de mayo: «a reventar». Interrumpida su sobremesa, uno de ellos se acerca a su casa a por un recorte de periódico que ya hablaba, en 2002, del peligro de derruir La Algameca Chica. Otro muestra la cocina a oscuras y relata cómo ‘apañó’ el traspaso de la vivienda hace un par de años. «Aquí no se compra ni se vende. Le llamamos ‘trato’», explican.

Si las casas son alegales, claro, ¿cómo van a tener registros oficiales? «Esto pasa de generación en generación o, con suerte, a algún conocido. Yo la mía la adquirí hablando con un amigo que la tenía», cuenta Arroyo, que muestra cuatro papeles manuscritos plastificados en una cuartilla tamaño folio. Son los documentos del canje. «La compré por 7.700 euros», dice. Puede que sea una de las más caras: tres habitaciones, cocina, la azotea que pretende convertir en mirador… Está justo en la trocha que enhebra la margen derecha. Paso privilegiado (asfaltado) hacia el final de la cala. A pocos metros del campo de fútbol que sirve de aparcamiento principal y al lado de dos de los tres chiringuitos. Uno de ellos cerrado a estas alturas de año, otro ofreciendo aperitivos de olivas o cacahuetes a un euro y bocatas de tortilla francesa o atún a dos y medio.

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Porque la Algameca Chica se divide en dos orillas. Las comunica un puente de cemento que ha de reconstruirse en cada riada. Con la sorna que les caracteriza, llaman a una Sevilla y a otra Triana. La municipalidad apenas se encarga de la recogida de basuras.

El resto es autogestionado: tanto el agua corriente como la electricidad dependen de cómo se las ingenie cada uno. Un generador en la entrada del pueblo es la única fuente de energía compartida. Funciona solo en verano, unas horas de la noche. De ahí que muchos vecinos tengan el suyo propio. «Con unos 90 euros pagas tres meses de luz», calculan los congregados en torno a estas viviendas, con nombres propios en baldosines de la puerta. Echan de menos, eso sí, alguna comodidad más: «Queremos traer tele y radiadores», cuenta la pareja formada por Juan y Mari Carmen. «En verano hay un calor que agobia. No corre el aire. Estás fregando y parece que te ahogas, que los pulmones no funcionan», describe otra paisana, pitillo en labio.

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José Manuel de Haro –presidente de vecinos, hoy ausente e imposible de localizar en su móvil– ha detallado en cada entrevista de prensa la situación actual. «Las administraciones nunca nos han hecho caso. De vez en cuando se oía algo, pero se quedaba en nada», rememora. «Queremos que lo proteja cultura como BIC porque es algo auténtico. Quizás no bonito en el sentido estricto, pero de gran significado etnográfico». En un paseo, de hecho, se comprueba el mal estado de algunos inmuebles. La uralita y la madera son los mayores aliados de sus habitantes, aunque hay quien le ha dado un remozado.

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Como Emilia, de 74 años, que desde hace 59 años ha ido ampliando unas estancias que compró por 2.000 pesetas (12 euros) para recibir a sus 11 hijos y 15 nietos. O como José Ángel y María Jesús, dueños de ‘La Tasca Vasca’, único restaurante propiamente dicho de La Algameca Chica. Ella, de San Sebastián, prepara platos por encargo para quien vaya en estas fechas. En verano cocina a diario para los turistas, que atiborran una terraza sobre tablones. En un mapa van pinchando con chinchetas las nacionalidades que han pasado por sus mesas: australianos, etíopes, de Bermudas… «Y algunos han repetido», sonríe. Sin TripAdvisor ni reclamos de neón, que conste. A veces extrañan su fonda del norte y caminan por Cartagena, con 215.000 almas y mayor trasiego.

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Un incordio, el de ir y volver, que trae de cabeza a Isidro y Raquel, de 35 y 38 años. Hace unos meses ‘recibieron’ la última finca del final de La Algameca Chica. Una cueva cerrada por dos maderos y acondicionada con tres sillones en forma de u. Ellos querrían olvidarse del trajín y disfrutar de su «choza», pero los cuatro hijos que tienen les exigen actividades solo posibles en la ciudad. «Si no fuera por eso, yo vendería el apartamento y me quedaría aquí», afirma ella en medio de un ‘patio’ de rocas y escombros. El embrujo de este Shanghai chiquito también hace mella en los jóvenes. Aunque siempre se sostenga entre la duda del derribo y el orgullo de la conservación.

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Opiniones 2
  • Yo lo siento mucho pero disiento, la ley de costas es para todos, tanto para un hotel de lujo como para una casita o un chiringuito. Se que les parecerá muy típico a los que estén acostumbrados, en la playa de la Barceloneta también era muy típico que los restaurantes estuvieran en la misma arena de la playa y se quitaron por incumplir la ley. Con la costa y el mar no se juega, por muy bonito que sea.

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