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14 de julio 2011    /   DIGITAL
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David Bravo: "Los titulares de propiedad intelectual intentan trasladarnos a un estado de alarma"

14 de julio 2011    /   DIGITAL     por          
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David Bravo
El caso de David Bravo es muy curioso. El abogado sevillano era un total desconocido para la mayoría de usuarios de Internet. Sin embargo, las entidades de gestión de derechos han conseguido alimentar a la bestia hasta convertirla en una celebridad, al menos a la escala que manejan los internautas freaks de nivel 3. Bravo ha repasado en Campus Party los últimos años de lucha por cambiar un modelo a su juicio caduco y algunas de las ocurrencias más descacharrantes de SGAE y entidades aledañas para poner puertas al campo.
La ofuscación no tiene, que se sepa, nada positivo. No deja pensar con claridad y conduce a decisiones erróneas con más frecuencia de la deseada. Esto no parece obstáculo para que, en opinión de David Bravo, las actuaciones estratégicas de las entidades que gestionan los derechos de autor estén condicionadas por su tozudez y poca efectividad. «La industria cinematográfica y discográfica persigue sombras. Están intentando frenar algo imposible de parar», dijo Bravo. Para el abogado, los esfuerzos se están dirigiendo a intentar resolver un problema que no tiene solución. «Hay que centrarse en la cuestión resoluble, la de cómo remunerar al que produce el bien para que siga creando».
Para el sevillano, hasta ahora, todas las acciones dirigidas a cambiar el actual escenario han venido marcadas por el elevado desembolso que han hecho las instituciones en lo que Bravo ha definido como costes de exclusión, es decir, lo que se emplean para evitar que terceros haga uso de una propiedad, en este caso la intelectual. «En bienes que no son susceptibles de ser poseídos, los costes se disparan. Campañas de concienciación o incluso adoctrinamiento, sistemas anticopia… ¿Es sencillamente el derecho a proteger eso un derecho que no se puede ejercer?», se planteaba Bravo.
El abogado ejemplificaba con situaciones que ha vivido en primera persona, como letrado defensor de algunas personas sobre las que se han ejercido acciones legales. El resultado para todas ha sido el mismo: el sobreseimiento de las diligencias. «Se han seguido acciones penales contra usuarios que han descargado. En ninguna se consideró que concurría el ánimo de lucro. Tras dos sentencias fallidas  contra internautas, se fue a por las páginas de enlaces, que sin alojar los contenidos enlazan a contenidos protegidos. También se archivó el caso.  A partir de ahí, ha habido una catarata de resoluciones en el mismo sentido», señaló.
El resultado de todas estas sentencias contrarias a los intereses de las entidades de gestión fue, según David Bravo, lo que impulsó al planteamiento y aprobación de la conocida como Ley Sinde. «Intentaron adoctrinar a jueces, policías o legisladores a través de cursos y seminarios o mediante informaciones en algunos medios de comunicación. Como tampoco funcionó, como las resoluciones seguían sin considerar los actos como delictivos, cambiaron al árbitro. Quitaron a los jueces y pusieron al Ministerio de Cultura», resaltó.
El abogado continuó cuestionando cómo era posible que se intentara perpetuar un modelo que, en palabras del propio Teddy Bautista, ex-presidente de la SGAE, tiene al 96% de los socios cobrando una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional o en el que el 1.75% de los asociados se reparten el 75% de los ingresos. «Este modelo se basa en la gestión de estas entidades. Cobrar por todo es la consigan. Existen tarifas  de SGAE para todo. Pagas cuando compras un CD, cuando realizas un concierto benéfico u obras de teatro de niños, en bodas e incluso por la música de espera del teléfono y la música de máquinas tragaperras».
El apunte de actualidad vino a raiz de la rueda de prensa ofrecida ayer por la tarde por la ministra de cultura, y su anuncio de sustituir el canon por alguna otra tasa además de la intención de aumentar el control sobre las entidades de gestión de derechos. «Sinde ha dicho que va a crear un aparato para controlar qué sucede en las entidades de gestión. ¿Qué ocurría antes? Tenían todas las facilidades para hacer lo que quisieran ya que nadie supervisaba lo que pasaba allí», comentó.
El surrealismo tuvo su sitio en la conferencia de David Bravo. Contó cómo se ha comparado la descarga de archivos con el terrorismo, el SIDA, la pederastia o, incluso, como desde la Federación Antipiratería, se utilizó una analogía que usaba un tsunami como imagen de impacto muy poco tiempo después de que Japón fuese devastado por el maremoto. Se ha llegado  solicitar el cobro del  canon por las básculas de cocina, pero la Audiencia Provincial de Barcelona llegó a la conclusión de que no debía hacerse porque no constituyen mecanismos aptos para reproducir obras. «Lo que nunca me dijeron es por qué querían cobrarlo. Debieron oir que un DVDrip pesa 700 megas», bromeó Bravo.
El abogado terminó su ponencia, que estuvo llena hasta la bandera, recordando al economista Chris Anderson y su  ley de la gravedad económica que identificaba el fenómeno de las descargas como un hecho natural inevitable. «Podemos pasarnos la vida discutiendo sobre la ley de la gravedad y si nos parece bien o mal que caiga un objeto al suelo, pero cuando terminemos el debate el objeto seguirá cayendo al suelo y que hay que centrar el debate en una cuestión que se pueda resolver, no es si cae o no. ¿Cómo conseguimos que los autores se vean remunerados? Ahí debería centrarse el esfuerzo».

David Bravo
El caso de David Bravo es muy curioso. El abogado sevillano era un total desconocido para la mayoría de usuarios de Internet. Sin embargo, las entidades de gestión de derechos han conseguido alimentar a la bestia hasta convertirla en una celebridad, al menos a la escala que manejan los internautas freaks de nivel 3. Bravo ha repasado en Campus Party los últimos años de lucha por cambiar un modelo a su juicio caduco y algunas de las ocurrencias más descacharrantes de SGAE y entidades aledañas para poner puertas al campo.
La ofuscación no tiene, que se sepa, nada positivo. No deja pensar con claridad y conduce a decisiones erróneas con más frecuencia de la deseada. Esto no parece obstáculo para que, en opinión de David Bravo, las actuaciones estratégicas de las entidades que gestionan los derechos de autor estén condicionadas por su tozudez y poca efectividad. «La industria cinematográfica y discográfica persigue sombras. Están intentando frenar algo imposible de parar», dijo Bravo. Para el abogado, los esfuerzos se están dirigiendo a intentar resolver un problema que no tiene solución. «Hay que centrarse en la cuestión resoluble, la de cómo remunerar al que produce el bien para que siga creando».
Para el sevillano, hasta ahora, todas las acciones dirigidas a cambiar el actual escenario han venido marcadas por el elevado desembolso que han hecho las instituciones en lo que Bravo ha definido como costes de exclusión, es decir, lo que se emplean para evitar que terceros haga uso de una propiedad, en este caso la intelectual. «En bienes que no son susceptibles de ser poseídos, los costes se disparan. Campañas de concienciación o incluso adoctrinamiento, sistemas anticopia… ¿Es sencillamente el derecho a proteger eso un derecho que no se puede ejercer?», se planteaba Bravo.
El abogado ejemplificaba con situaciones que ha vivido en primera persona, como letrado defensor de algunas personas sobre las que se han ejercido acciones legales. El resultado para todas ha sido el mismo: el sobreseimiento de las diligencias. «Se han seguido acciones penales contra usuarios que han descargado. En ninguna se consideró que concurría el ánimo de lucro. Tras dos sentencias fallidas  contra internautas, se fue a por las páginas de enlaces, que sin alojar los contenidos enlazan a contenidos protegidos. También se archivó el caso.  A partir de ahí, ha habido una catarata de resoluciones en el mismo sentido», señaló.
El resultado de todas estas sentencias contrarias a los intereses de las entidades de gestión fue, según David Bravo, lo que impulsó al planteamiento y aprobación de la conocida como Ley Sinde. «Intentaron adoctrinar a jueces, policías o legisladores a través de cursos y seminarios o mediante informaciones en algunos medios de comunicación. Como tampoco funcionó, como las resoluciones seguían sin considerar los actos como delictivos, cambiaron al árbitro. Quitaron a los jueces y pusieron al Ministerio de Cultura», resaltó.
El abogado continuó cuestionando cómo era posible que se intentara perpetuar un modelo que, en palabras del propio Teddy Bautista, ex-presidente de la SGAE, tiene al 96% de los socios cobrando una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional o en el que el 1.75% de los asociados se reparten el 75% de los ingresos. «Este modelo se basa en la gestión de estas entidades. Cobrar por todo es la consigan. Existen tarifas  de SGAE para todo. Pagas cuando compras un CD, cuando realizas un concierto benéfico u obras de teatro de niños, en bodas e incluso por la música de espera del teléfono y la música de máquinas tragaperras».
El apunte de actualidad vino a raiz de la rueda de prensa ofrecida ayer por la tarde por la ministra de cultura, y su anuncio de sustituir el canon por alguna otra tasa además de la intención de aumentar el control sobre las entidades de gestión de derechos. «Sinde ha dicho que va a crear un aparato para controlar qué sucede en las entidades de gestión. ¿Qué ocurría antes? Tenían todas las facilidades para hacer lo que quisieran ya que nadie supervisaba lo que pasaba allí», comentó.
El surrealismo tuvo su sitio en la conferencia de David Bravo. Contó cómo se ha comparado la descarga de archivos con el terrorismo, el SIDA, la pederastia o, incluso, como desde la Federación Antipiratería, se utilizó una analogía que usaba un tsunami como imagen de impacto muy poco tiempo después de que Japón fuese devastado por el maremoto. Se ha llegado  solicitar el cobro del  canon por las básculas de cocina, pero la Audiencia Provincial de Barcelona llegó a la conclusión de que no debía hacerse porque no constituyen mecanismos aptos para reproducir obras. «Lo que nunca me dijeron es por qué querían cobrarlo. Debieron oir que un DVDrip pesa 700 megas», bromeó Bravo.
El abogado terminó su ponencia, que estuvo llena hasta la bandera, recordando al economista Chris Anderson y su  ley de la gravedad económica que identificaba el fenómeno de las descargas como un hecho natural inevitable. «Podemos pasarnos la vida discutiendo sobre la ley de la gravedad y si nos parece bien o mal que caiga un objeto al suelo, pero cuando terminemos el debate el objeto seguirá cayendo al suelo y que hay que centrar el debate en una cuestión que se pueda resolver, no es si cae o no. ¿Cómo conseguimos que los autores se vean remunerados? Ahí debería centrarse el esfuerzo».

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