Cada español paga unos veinte céntimos de euro al año para mantener en funcionamiento el Consejo de Estado. No parece mucho dicho así, pero si multiplicamos eso por los aproximadamente 47 millones de españoles salen unos diez millones y medio de euros. En los Presupuestos Generales del año pasado le iba a corresponder una asignación mayor, de 11,5 milones, pero los recortes emprendidos por la crisis hicieron que se quedaran ‘sólo’ en esos diez millones y medio. ¿Y qué hacen con ellos? Básicamente pagar sueldos: el 78% del dinero se destina a a gastos de personal.
En total 8,11 millones de euros destinados a pagar a sus miembros. ¿Y quiénes son? Altos representantes de instituciones variadas del Estado, desde lo económico a lo judicial, que en su mayoría ya cobran sueldos vitalicios por las labores desempeñadas a lo largo de su carrera. Lo llaman ‘cementerio de elefantes’ precisamente por eso, porque sirve para alojar a los mandamases del país una vez dejan de desempeñar sus funciones.
Dicho así suena bien: un órgano formado por lo más granado de nuestro país para tomar decisiones. Pero el problema es ese, que no toman decisiones. Esos diez millones y medio anuales sirven para mantener una institución consultiva, es decir, una institución sin poder real más allá de dar su opinión cuando se la piden sobre asuntos de Estado. Es, por tanto, una de esas instituciones que viven sin hacer mucho ruido en nuestro país y cuya utilidad podría ser discutida en tiempos de crisis. Una de esas instituciones sobre las que no se hablaría si no fuera porque hoy se incorporan nuevos miembros, entre ellos el expresidente del Gobierno.
¿Y quiénes trabajan ahí? Que conste en el directorio, contando los que entran ahora, unas cuarenta personas responsables -junto a quienes seguro que habrá personal ‘raso’-. La composición del órgano se puede dividir en partes, que la propia página web del órgano explica -página web en la que no han invertido demasiado, a juzgar por su aspecto-, y que viene estipulada por ley:
Por una parte, la presidencia. En ella destaca Francisco Rubio, que cobra 77.808 euros anuales. Junto a él su jefe de Gabinete, Jaime Nicolás, su coordinador técnico, Alberto Gil, y su jefa de Protocolo, María José González.
Por debajo están los consejeros permanentes, que cobran un sueldo de 13.054,68 euros, un complemento de destino de 22.817,28 y un complemento específico de 35.521,60. Es decir, 71.393,56 euros anuales, a los que hay que añadir 703,38 en las dos extras anuales que se llevan. En este área hay nombres como los de Landelino Lavilla (exministro con Suárez), Miguel Rodríguez-Piñero (expresidente del Constitucional), Miguel Herrero (padre de la Constitución), Fernando Ledesma (magistrado del Supremo), José Luis Manzanares (exvicepresidente del CGPJ), María Teresa Fernández de la Vega (ex vicepresidenta del Gobierno), Enrique Alonso y, desde este miércoles, Alberto Aza (ex jefe de la Casa del Rey)
Con ellos, los consejeros natos, con igual retribución. En este área hay nombres como José Manuel Blecua (director de la RAE), Landelino Lavilla (presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación), Marcos Peña Pinto (presidente del Consejo Económico y Social), Carlos Carnicer (presidente del Consejo General de la Abogacía), Luis Díez-Picazo (presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación), Miguel Fernández Ordoñez (gobernador del Banco de España) y Marcelino Oreja (presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas).
A esta nómina, y tras el cambio de Gobierno, se unen cinco nuevos nombres: José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno), Fernando García (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), Eduardo Torres-Dulce (Fiscal General del Estado), Marta Silva (Abogada General del Estado) y Beningno Pendás (director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). Faltaría sumar, según lo que recoge la ley, a Gonzalo Anes (director de la Real Academia de la Historia).
Hay más personas: nueve consejeros electivos, una secretaria general que cobra los mismos 71.393,56 euros de los consejeros permanentes, una jefa administrativa de la secretaría, un jefe del archivo y biblioteca, una jefa de gestión, un jefe de informática, un jefe de servicios administrativos y una jefa de servicios económicos.
En total, unas 40 personas que consten en el directorio oficial, a las que habría que sumar las que no aparecen como trabajadores rasos. ¿Nos sirve este despliegue? Si quieres seguir indignándote un poco más, pincha en la imagen de abajo para ver sus cuentas.
Cada español paga unos veinte céntimos de euro al año para mantener en funcionamiento el Consejo de Estado. No parece mucho dicho así, pero si multiplicamos eso por los aproximadamente 47 millones de españoles salen unos diez millones y medio de euros. En los Presupuestos Generales del año pasado le iba a corresponder una asignación mayor, de 11,5 milones, pero los recortes emprendidos por la crisis hicieron que se quedaran ‘sólo’ en esos diez millones y medio. ¿Y qué hacen con ellos? Básicamente pagar sueldos: el 78% del dinero se destina a a gastos de personal.
En total 8,11 millones de euros destinados a pagar a sus miembros. ¿Y quiénes son? Altos representantes de instituciones variadas del Estado, desde lo económico a lo judicial, que en su mayoría ya cobran sueldos vitalicios por las labores desempeñadas a lo largo de su carrera. Lo llaman ‘cementerio de elefantes’ precisamente por eso, porque sirve para alojar a los mandamases del país una vez dejan de desempeñar sus funciones.
Dicho así suena bien: un órgano formado por lo más granado de nuestro país para tomar decisiones. Pero el problema es ese, que no toman decisiones. Esos diez millones y medio anuales sirven para mantener una institución consultiva, es decir, una institución sin poder real más allá de dar su opinión cuando se la piden sobre asuntos de Estado. Es, por tanto, una de esas instituciones que viven sin hacer mucho ruido en nuestro país y cuya utilidad podría ser discutida en tiempos de crisis. Una de esas instituciones sobre las que no se hablaría si no fuera porque hoy se incorporan nuevos miembros, entre ellos el expresidente del Gobierno.
¿Y quiénes trabajan ahí? Que conste en el directorio, contando los que entran ahora, unas cuarenta personas responsables -junto a quienes seguro que habrá personal ‘raso’-. La composición del órgano se puede dividir en partes, que la propia página web del órgano explica -página web en la que no han invertido demasiado, a juzgar por su aspecto-, y que viene estipulada por ley:
Por una parte, la presidencia. En ella destaca Francisco Rubio, que cobra 77.808 euros anuales. Junto a él su jefe de Gabinete, Jaime Nicolás, su coordinador técnico, Alberto Gil, y su jefa de Protocolo, María José González.
Por debajo están los consejeros permanentes, que cobran un sueldo de 13.054,68 euros, un complemento de destino de 22.817,28 y un complemento específico de 35.521,60. Es decir, 71.393,56 euros anuales, a los que hay que añadir 703,38 en las dos extras anuales que se llevan. En este área hay nombres como los de Landelino Lavilla (exministro con Suárez), Miguel Rodríguez-Piñero (expresidente del Constitucional), Miguel Herrero (padre de la Constitución), Fernando Ledesma (magistrado del Supremo), José Luis Manzanares (exvicepresidente del CGPJ), María Teresa Fernández de la Vega (ex vicepresidenta del Gobierno), Enrique Alonso y, desde este miércoles, Alberto Aza (ex jefe de la Casa del Rey)
Con ellos, los consejeros natos, con igual retribución. En este área hay nombres como José Manuel Blecua (director de la RAE), Landelino Lavilla (presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación), Marcos Peña Pinto (presidente del Consejo Económico y Social), Carlos Carnicer (presidente del Consejo General de la Abogacía), Luis Díez-Picazo (presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación), Miguel Fernández Ordoñez (gobernador del Banco de España) y Marcelino Oreja (presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas).
A esta nómina, y tras el cambio de Gobierno, se unen cinco nuevos nombres: José Luis Rodríguez Zapatero (expresidente del Gobierno), Fernando García (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), Eduardo Torres-Dulce (Fiscal General del Estado), Marta Silva (Abogada General del Estado) y Beningno Pendás (director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). Faltaría sumar, según lo que recoge la ley, a Gonzalo Anes (director de la Real Academia de la Historia).
Hay más personas: nueve consejeros electivos, una secretaria general que cobra los mismos 71.393,56 euros de los consejeros permanentes, una jefa administrativa de la secretaría, un jefe del archivo y biblioteca, una jefa de gestión, un jefe de informática, un jefe de servicios administrativos y una jefa de servicios económicos.
En total, unas 40 personas que consten en el directorio oficial, a las que habría que sumar las que no aparecen como trabajadores rasos. ¿Nos sirve este despliegue? Si quieres seguir indignándote un poco más, pincha en la imagen de abajo para ver sus cuentas.
Pues con la ultima noticia q ya llevamos de Garzón y ahora esta, creo q hoy voy a dejar de leer!
¿El Consejo de Estado es ese ente compuesto por “sabios que en la vida han sido”, amantes de la patria que, casi cada día, con una dedicación encomiable y desinteresada, y tras profundos estudios, proponen medidas y ofrecen consejos gracias a los cuales estamos todos sin p. idea de como salir de ésta….?.
Si esto es democracia yo me desapunto.
uf, esto no se me puede hacer a esta hora…
Pues con la ultima noticia q ya llevamos de Garzón y ahora esta, creo q hoy voy a dejar de leer!
¿El Consejo de Estado es ese ente compuesto por “sabios que en la vida han sido”, amantes de la patria que, casi cada día, con una dedicación encomiable y desinteresada, y tras profundos estudios, proponen medidas y ofrecen consejos gracias a los cuales estamos todos sin p. idea de como salir de ésta….?.
Si esto es democracia yo me desapunto.
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