22 de octubre 2014    /   IDEAS
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¿Qué economía colaborativa queremos?

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Las organizaciones de la economía abierta y colaborativa son capaces de hacer cosas que las tradicionales no son capaces de hacer ahora, y de hacerlo muchas veces de una forma más económica, más transparente y más eficiente. A veces insultantemente mejor.
Wikipedia pone el conocimiento de miles de personas a disposición de quinientos millones de usuarios al mes (es la quinta web más visitada del mundo) con un coste de 50 millones de dólares al año. Lo que nos gastamos en España en subvencionar la compra de coches nuevos en el mismo periodo, o lo que muchas marcas gastan en una campaña de publicidad. Generan un recurso común y valioso con un coste mínimo.
Muchas otras —más polémicas— dan a bastantes personas la oportunidad de percibir un ingreso a cambio de compartir su conocimiento, prestar un servicio o proveer acceso a sus posesiones. Son los ciudadanos productores. Generan nueva oferta y presionan los precios hacia abajo, amplían las alternativas y cambian los criterios de valoración de los usuarios; a veces hacen crecer la demanda y otras se llevan la que ya existía. A velocidad red.
Cuando lo viejo y lo nuevo se enfrentan, lo lógico es que lo viejo utilice su posición de ventaja para impedir la irrupción de lo nuevo. Negar el diálogo, no reconocer la legitimidad, atemorizar a los usuarios o a los ofertantes, forzar interpretaciones restrictivas de leyes ya escritas o pedir que se redacten nuevas. Pero esta posición no puede mantenerse siempre. Si hay una manera más eficiente de organizar las cosas, la sociedad tiene el derecho de beneficiarse de ella. Y por cierto, las organizaciones que ya existen también pueden y deben hacerlo: por el compromiso con sus accionistas, si son privadas o con los ciudadanos, si son públicas.
Negar el diálogo empuja a radicalizar las posturas, sembrar la confusión, alimentar confrontaciones y emitir juicios absolutos. Convierte una necesaria convivencia en una guerra de poder. Desdibuja los matices y no permite construir un terreno común. Porque la economía colaborativa, además de los beneficios para las personas y el planeta que vamos descubriendo, también trae sus riesgos, sus zonas grises, algunas prácticas y ambiciones insanas.
A mi me gustaría poder hablar de todo esto también.

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Muchas otras —más polémicas— dan a bastantes personas la oportunidad de percibir un ingreso a cambio de compartir su conocimiento, prestar un servicio o proveer acceso a sus posesiones. Son los ciudadanos productores. Generan nueva oferta y presionan los precios hacia abajo, amplían las alternativas y cambian los criterios de valoración de los usuarios; a veces hacen crecer la demanda y otras se llevan la que ya existía. A velocidad red.
Cuando lo viejo y lo nuevo se enfrentan, lo lógico es que lo viejo utilice su posición de ventaja para impedir la irrupción de lo nuevo. Negar el diálogo, no reconocer la legitimidad, atemorizar a los usuarios o a los ofertantes, forzar interpretaciones restrictivas de leyes ya escritas o pedir que se redacten nuevas. Pero esta posición no puede mantenerse siempre. Si hay una manera más eficiente de organizar las cosas, la sociedad tiene el derecho de beneficiarse de ella. Y por cierto, las organizaciones que ya existen también pueden y deben hacerlo: por el compromiso con sus accionistas, si son privadas o con los ciudadanos, si son públicas.
Negar el diálogo empuja a radicalizar las posturas, sembrar la confusión, alimentar confrontaciones y emitir juicios absolutos. Convierte una necesaria convivencia en una guerra de poder. Desdibuja los matices y no permite construir un terreno común. Porque la economía colaborativa, además de los beneficios para las personas y el planeta que vamos descubriendo, también trae sus riesgos, sus zonas grises, algunas prácticas y ambiciones insanas.
A mi me gustaría poder hablar de todo esto también.

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