25 de noviembre 2013    /   CIENCIA
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El camino hasta cargarse el autoconsumo

25 de noviembre 2013    /   CIENCIA     por          
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El dueño del restaurante Lasal del Varador, situado a pie de playa en Mataró, es un tipo concienciado con el planeta. Toda su comida procede de agricultura respetuosa, tanto que hasta la mayonesa y el alioli están elaborados con leche de soja y aceite ecológico. La arquitectura es bioclimática, contando con las previsiones de la actividad. En el verano no usan aire acondicionado gracias a un sistema de ventilación natural cruzada y en invierno esto les permite airear con rendijas minúsculas evitando la pérdida de calor. Minimizan los residuos y los que originan los reciclan con mimo. Además, cuenta con 36 placas fotovoltaicas que generan un tercio de la electricidad que consume el local. Aunque si, como parece, se aprueba finalmente la nueva ley que contiene un impuesto un 27% más elevado para el autoconsumo eléctrico, este concienciado hostelero tendrá un grave problema.

Esta instalación es pionera: es la primera en Europa en instalarse a la red sin primas ni subvenciones. Con una generación prevista de 12.500 kilovatios por hora al año, este proyecto, impulsado por la empresa SolarTradex, consiguió el Premio Europeo Intersolar 2013 en la categoría de Innovación en Energía Solar Fotovoltaica en Múnich gracias a su consumo instantáneo de la energía por las neveras del restaurante. “Señores, tenemos que devolver el galardón que hemos ganado”, bromea al teléfono Frederic Andreu, fundador de la compañía, “nos han premiado no por la novedad técnica, sino por demostrar que es el primer proyecto en Europa que podía funcionar sin ayuda ni subvenciones. Y ahora llega el Gobierno y nos dice que ya no va ser rentable”.

El pasado junio, con vacaciones de por medio, el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, soltó desde el parlamento esta bomba retardada contra el autoconsumo. “Cuando se utiliza la red alguien tiene que pagarla”, dijo entonces el ministro. Sus palabras se materializaron pocos días después en un borrador de decreto que incluía un ‘peaje de respaldo’ que los autoconsumidores eléctricos deberán pagar para, supuestamente, mantener la infraestructura total funcionando, además de no poder recuperar la electricidad que estas instalaciones viertan al sistema, a.k.a. balance neto. Pese a la oposición y críticas por discriminatorio del sector de las renovables, de la Comisión Nacional de la Energía y de la Competencia, de Bruselas y hasta de la revista Forbes, que tituló un artículo sobre el tema como Sin ideas y endeudada, España apunta a un impuesto al sol, el Consejo de Ministros del 20 de septiembre aprobaba el anteproyecto de ley que incluía estas medidas.

“Si entra en vigor”, se lamenta Andreu, “el Lasal del Varador recuperaría su inversión (13.700 euros) en 13 años en vez de 9, la rentabilidad bajaría del 9% al 4% y pasaríamos de ahorrar 20.000 euros en 20 años a 9.000”. Un autoconsumidor medio amortizaría su instalación de 6.600 euros en 33 años en lugar de 20 y su ahorro energético menguaría en unos 100 euros mensuales. Para este antiguo empleado de Endesa, que opina como el resto de su sector, “la reforma energética es un ataque a la línea de flotación de las renovables, que empiezan a ser una amenaza para el gran oligopolio eléctrico [Endesa, Gas Natural, Iberdrola, E.On e Hidroeléctrica del Cantábrico] que hay montado en España, ya que cada vez somos más competitivos y esto es un problema para las cinco grandes empresas”.

La misma opinión tiene el catedrático de Economía Aplicada y autor del libro Economía de la generación eléctrica solar, Pere Mir, que atribuye a esta reforma el objetivo de “preservar los intereses del sector eléctrico y gasista tradicional”. Un mercado que se hace “más pequeño” y con “un exceso de capacidad instalada” se traduce en “que muchas plantas eléctricas funcionan menos horas, especialmente los ciclos combinados de gas, y eso significa menos ingresos y más problemas para las compañías”. Si combinamos esto con “poner placas solares hoy en día, tendría cuenta”, debido al “elevado coste del recibo de la luz empujado en buena parte por el déficit tarifario y su deuda, a los altos niveles de insolación en la península y Canarias  —2.406 horas de luz solar media en las capitales de provincia— y a que los costes de los componentes que, tras la entrada de las fábricas chinas en el juego, han bajado hasta un 80%. Mucha gente instalaría placas si pudiese exportar la energía sobrante en condiciones económicas aceptables, lo cual supondría menos consumo, por lo que tendrían que cerrarse plantas propiedad de grandes empresas”.

“Por ello”, razona al otro lado de la línea Mir, “las eléctricas y empresas de gas tradicionales presionan para que no se instale más capacidad renovable en este país, no solo fotovoltaica doméstica, sino también eólica, termosolar, biomasa…”.

La madeja

El lío con las renovables comienza en 2007 y como tantas cosas en España tiene que ver con la euforia económica de esa época. Ese año se publica, con Zapatero de presidente y Joan Clos como ministro del ramo, el Real Decreto 661/2007 que pretendía fomentar la instalación de energías renovables en una España que no cumplía demasiado los compromisos adoptados en Kyoto y con la Unión Europea. Esta norma establecía una retribución muy buena para las renovables, especialmente para la fotovoltaica, cuya rentabilidad no bajaba en ningún caso del 10-12%. Con la crisis de la construcción ya en el horizonte, mucho del capital del ladrillo y actividades asociadas, con las condiciones de financiación ofrecidas por bancos y cajas, vio en la inversión fotovoltaica una buena inversión. No sorprende que “alrededor de un 75% de los 20.000 millones que se han dedicado a instalaciones solares haya sido aportado por la banca”. “Además”, explica Mir, “hubo un grave fallo regulatorio en el Real Decreto”.

Este establecía que, una vez llegados a instalar un total de 371 MW (megavatios), esta retribución se revisaría probablemente a la baja tras un periodo de transición de al menos un año. Cuando el Real Decreto entró en vigor en mayo, en España había 261 MW fotovoltaicos. Al mes ya se habían alcanzado los 326 y en septiembre de 2007 comenzó el periodo transitorio citado. Un año después, la capacidad inscrita se había multiplicado por diez (3.116 MW). Un boom sin precedentes que generó un elevado gasto en primas, cuyo monto debían de pagar los consumidores, ayudado por ese plazo transitorio demasiado largo para “una técnica modular como la fotovoltaica, cuyo proceso de instalación es muy rápido, y con mucha gente que buscaba colocar su dinero con la mayor rentabilidad posible”. “Para ser sinceros nadie previó que la cosa se aceleraría tanto”, reflexiona Mir.

Cuando a finales de septiembre de 2008 el Real Decreto 1578/2008 estableció cupos estrictos y rebajas en las tarifas, la instalación fotovoltaica se paró en seco. En los años siguientes el lastre económico de las primas a las renovables pasó a ser una parte importante, aunque no única, del déficit tarifario, que actualmente alcanza unos 30.000 millones de euros, equivalente al 3% del PIB español. Su origen está en las medidas que estableció el popular Rodrigo Rato en 1997 —y conservadas por los socialistas—, cuya finalidad era mantener bajo el precio de la electricidad para los consumidores aplazando el pago a un futuro.

Con el objetivo de contener el gasto del sistema eléctrico, se han promulgado varias normas. Una de gran impacto para el sector fotovoltaico fue el Real Decreto-ley 14/2010, durante el mandato del ministro socialista Miguel Sebastián, que limitó el número de horas de generación que puede percibir la prima, teniendo que ser el resto de la electricidad vendida a precios de mercado, mucho más bajos. El sector de las renovables considera que estas medidas han sido tomadas para preservar los intereses de las grandes eléctricas, empresas en las que, conviene recordar, casi una veintena de ex secretarios de Estado, exministros y hasta dos expresidentes han encontrado una buena colocación tras su paso por la función pública.

Hubo que esperar a diciembre de 2011 para que Sebastián impulsara una regulación para el autoconsumo fotovoltaico, aunque solo en la parte técnica, quedando la económica todavía pendiente. Justo antes de las últimas elecciones generales se publicó un primer borrador que contemplaba que la electricidad sobrante se podía exportar y compensaba con las importaciones durante los 12 meses siguientes. Es decir, que si los fines de semana, vacaciones u horas puntas de insolación se genera más electricidad que la que se consume, esta se puede verter a la red para luego ser ‘recuperada’ durante el atardecer y la noche. Esto, que se llama balance neto, es, junto con la venta de esta energía sobrante a las compañías, la tónica general en la mayoría de los países.

“Por mucho que exportases, como había restricciones de potencia a la planta de uso particular, siempre terminarías importando electricidad y esa, por supuesto, habría que pagarla junto con ciertas tasas”, cuenta Mir. Pero el nuevo gobierno ignoró esta línea y en julio de 2013 publicó ese nuevo borrador que ha soliviantado al sector. “Este establece que cualquier exportación es gratuita y lo curioso es que luego lo coge sin cargo alguno una compañía distribuidora que puede estar vinculada a Iberdrola, Endesa o ser independiente, y lo vende para, además, luego poner el famoso peaje de respaldo”, dice este académico. “Esto es el resultado”, asegura, “de haber cedido a la presión del lobby eléctrico”.

“¿Sabes cuál es la prueba de que todo está preparado por Unesa, la patronal de las eléctricas?”, pregunta el empresario Andreu. “La primera persona que habló de peaje de respaldo fue Gonzalo Sainz de Miera [director de prospectiva regulatoria de Iberdrola] en la feria Genera en Madrid del año 2012”. En su conferencia, Sainz de Miera propuso “instaurar una tarifa de respaldo para que el autoconsumidor, además de pagar el término fijo, pague otra que compense los costes permanentes que se siguen produciendo y que actualmente no abona”.

Además, la futura regulación contempla un registro en el que deberán apuntarse las instalaciones de autoconsumo bajo pena de fuertes multas. Algunas fuentes del sector fotovoltaico apuntan a la posibilidad de un mercado negro de instalaciones no registradas y al efecto desincentivador de hacer pasar al consumidor común por tanto trámite, por lo que se quejan de los continuos palos a las ruedas de las renovables.

“¿Hasta qué punto se pueden imponer recortes, tasas, impuestos a la generación fotovoltaica sin provocar el derrumbe del sector?”, se pregunta el catedrático Mir. “Esto es lo que ha pasado en 2011, 2012 y 2013. Con respecto al autoconsumo, que se esperaba sería la palanca para la recuperación del sector, aunque a nivel técnico las condiciones para tener plantas propias fotovoltaicas o minieólicas en casa o el comercio no son malas, las condiciones económicas han sido pésimas. Con esto”, sentencia, “¿para qué poner placas en casa?”. Lo mismo se cuestionan muchos posibles autoconsumidores.

La respuesta, en las páginas del BOE y próximas sesiones del parlamento.

El dueño del restaurante Lasal del Varador, situado a pie de playa en Mataró, es un tipo concienciado con el planeta. Toda su comida procede de agricultura respetuosa, tanto que hasta la mayonesa y el alioli están elaborados con leche de soja y aceite ecológico. La arquitectura es bioclimática, contando con las previsiones de la actividad. En el verano no usan aire acondicionado gracias a un sistema de ventilación natural cruzada y en invierno esto les permite airear con rendijas minúsculas evitando la pérdida de calor. Minimizan los residuos y los que originan los reciclan con mimo. Además, cuenta con 36 placas fotovoltaicas que generan un tercio de la electricidad que consume el local. Aunque si, como parece, se aprueba finalmente la nueva ley que contiene un impuesto un 27% más elevado para el autoconsumo eléctrico, este concienciado hostelero tendrá un grave problema.

Esta instalación es pionera: es la primera en Europa en instalarse a la red sin primas ni subvenciones. Con una generación prevista de 12.500 kilovatios por hora al año, este proyecto, impulsado por la empresa SolarTradex, consiguió el Premio Europeo Intersolar 2013 en la categoría de Innovación en Energía Solar Fotovoltaica en Múnich gracias a su consumo instantáneo de la energía por las neveras del restaurante. “Señores, tenemos que devolver el galardón que hemos ganado”, bromea al teléfono Frederic Andreu, fundador de la compañía, “nos han premiado no por la novedad técnica, sino por demostrar que es el primer proyecto en Europa que podía funcionar sin ayuda ni subvenciones. Y ahora llega el Gobierno y nos dice que ya no va ser rentable”.

El pasado junio, con vacaciones de por medio, el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, soltó desde el parlamento esta bomba retardada contra el autoconsumo. “Cuando se utiliza la red alguien tiene que pagarla”, dijo entonces el ministro. Sus palabras se materializaron pocos días después en un borrador de decreto que incluía un ‘peaje de respaldo’ que los autoconsumidores eléctricos deberán pagar para, supuestamente, mantener la infraestructura total funcionando, además de no poder recuperar la electricidad que estas instalaciones viertan al sistema, a.k.a. balance neto. Pese a la oposición y críticas por discriminatorio del sector de las renovables, de la Comisión Nacional de la Energía y de la Competencia, de Bruselas y hasta de la revista Forbes, que tituló un artículo sobre el tema como Sin ideas y endeudada, España apunta a un impuesto al sol, el Consejo de Ministros del 20 de septiembre aprobaba el anteproyecto de ley que incluía estas medidas.

“Si entra en vigor”, se lamenta Andreu, “el Lasal del Varador recuperaría su inversión (13.700 euros) en 13 años en vez de 9, la rentabilidad bajaría del 9% al 4% y pasaríamos de ahorrar 20.000 euros en 20 años a 9.000”. Un autoconsumidor medio amortizaría su instalación de 6.600 euros en 33 años en lugar de 20 y su ahorro energético menguaría en unos 100 euros mensuales. Para este antiguo empleado de Endesa, que opina como el resto de su sector, “la reforma energética es un ataque a la línea de flotación de las renovables, que empiezan a ser una amenaza para el gran oligopolio eléctrico [Endesa, Gas Natural, Iberdrola, E.On e Hidroeléctrica del Cantábrico] que hay montado en España, ya que cada vez somos más competitivos y esto es un problema para las cinco grandes empresas”.

La misma opinión tiene el catedrático de Economía Aplicada y autor del libro Economía de la generación eléctrica solar, Pere Mir, que atribuye a esta reforma el objetivo de “preservar los intereses del sector eléctrico y gasista tradicional”. Un mercado que se hace “más pequeño” y con “un exceso de capacidad instalada” se traduce en “que muchas plantas eléctricas funcionan menos horas, especialmente los ciclos combinados de gas, y eso significa menos ingresos y más problemas para las compañías”. Si combinamos esto con “poner placas solares hoy en día, tendría cuenta”, debido al “elevado coste del recibo de la luz empujado en buena parte por el déficit tarifario y su deuda, a los altos niveles de insolación en la península y Canarias  —2.406 horas de luz solar media en las capitales de provincia— y a que los costes de los componentes que, tras la entrada de las fábricas chinas en el juego, han bajado hasta un 80%. Mucha gente instalaría placas si pudiese exportar la energía sobrante en condiciones económicas aceptables, lo cual supondría menos consumo, por lo que tendrían que cerrarse plantas propiedad de grandes empresas”.

“Por ello”, razona al otro lado de la línea Mir, “las eléctricas y empresas de gas tradicionales presionan para que no se instale más capacidad renovable en este país, no solo fotovoltaica doméstica, sino también eólica, termosolar, biomasa…”.

La madeja

El lío con las renovables comienza en 2007 y como tantas cosas en España tiene que ver con la euforia económica de esa época. Ese año se publica, con Zapatero de presidente y Joan Clos como ministro del ramo, el Real Decreto 661/2007 que pretendía fomentar la instalación de energías renovables en una España que no cumplía demasiado los compromisos adoptados en Kyoto y con la Unión Europea. Esta norma establecía una retribución muy buena para las renovables, especialmente para la fotovoltaica, cuya rentabilidad no bajaba en ningún caso del 10-12%. Con la crisis de la construcción ya en el horizonte, mucho del capital del ladrillo y actividades asociadas, con las condiciones de financiación ofrecidas por bancos y cajas, vio en la inversión fotovoltaica una buena inversión. No sorprende que “alrededor de un 75% de los 20.000 millones que se han dedicado a instalaciones solares haya sido aportado por la banca”. “Además”, explica Mir, “hubo un grave fallo regulatorio en el Real Decreto”.

Este establecía que, una vez llegados a instalar un total de 371 MW (megavatios), esta retribución se revisaría probablemente a la baja tras un periodo de transición de al menos un año. Cuando el Real Decreto entró en vigor en mayo, en España había 261 MW fotovoltaicos. Al mes ya se habían alcanzado los 326 y en septiembre de 2007 comenzó el periodo transitorio citado. Un año después, la capacidad inscrita se había multiplicado por diez (3.116 MW). Un boom sin precedentes que generó un elevado gasto en primas, cuyo monto debían de pagar los consumidores, ayudado por ese plazo transitorio demasiado largo para “una técnica modular como la fotovoltaica, cuyo proceso de instalación es muy rápido, y con mucha gente que buscaba colocar su dinero con la mayor rentabilidad posible”. “Para ser sinceros nadie previó que la cosa se aceleraría tanto”, reflexiona Mir.

Cuando a finales de septiembre de 2008 el Real Decreto 1578/2008 estableció cupos estrictos y rebajas en las tarifas, la instalación fotovoltaica se paró en seco. En los años siguientes el lastre económico de las primas a las renovables pasó a ser una parte importante, aunque no única, del déficit tarifario, que actualmente alcanza unos 30.000 millones de euros, equivalente al 3% del PIB español. Su origen está en las medidas que estableció el popular Rodrigo Rato en 1997 —y conservadas por los socialistas—, cuya finalidad era mantener bajo el precio de la electricidad para los consumidores aplazando el pago a un futuro.

Con el objetivo de contener el gasto del sistema eléctrico, se han promulgado varias normas. Una de gran impacto para el sector fotovoltaico fue el Real Decreto-ley 14/2010, durante el mandato del ministro socialista Miguel Sebastián, que limitó el número de horas de generación que puede percibir la prima, teniendo que ser el resto de la electricidad vendida a precios de mercado, mucho más bajos. El sector de las renovables considera que estas medidas han sido tomadas para preservar los intereses de las grandes eléctricas, empresas en las que, conviene recordar, casi una veintena de ex secretarios de Estado, exministros y hasta dos expresidentes han encontrado una buena colocación tras su paso por la función pública.

Hubo que esperar a diciembre de 2011 para que Sebastián impulsara una regulación para el autoconsumo fotovoltaico, aunque solo en la parte técnica, quedando la económica todavía pendiente. Justo antes de las últimas elecciones generales se publicó un primer borrador que contemplaba que la electricidad sobrante se podía exportar y compensaba con las importaciones durante los 12 meses siguientes. Es decir, que si los fines de semana, vacaciones u horas puntas de insolación se genera más electricidad que la que se consume, esta se puede verter a la red para luego ser ‘recuperada’ durante el atardecer y la noche. Esto, que se llama balance neto, es, junto con la venta de esta energía sobrante a las compañías, la tónica general en la mayoría de los países.

“Por mucho que exportases, como había restricciones de potencia a la planta de uso particular, siempre terminarías importando electricidad y esa, por supuesto, habría que pagarla junto con ciertas tasas”, cuenta Mir. Pero el nuevo gobierno ignoró esta línea y en julio de 2013 publicó ese nuevo borrador que ha soliviantado al sector. “Este establece que cualquier exportación es gratuita y lo curioso es que luego lo coge sin cargo alguno una compañía distribuidora que puede estar vinculada a Iberdrola, Endesa o ser independiente, y lo vende para, además, luego poner el famoso peaje de respaldo”, dice este académico. “Esto es el resultado”, asegura, “de haber cedido a la presión del lobby eléctrico”.

“¿Sabes cuál es la prueba de que todo está preparado por Unesa, la patronal de las eléctricas?”, pregunta el empresario Andreu. “La primera persona que habló de peaje de respaldo fue Gonzalo Sainz de Miera [director de prospectiva regulatoria de Iberdrola] en la feria Genera en Madrid del año 2012”. En su conferencia, Sainz de Miera propuso “instaurar una tarifa de respaldo para que el autoconsumidor, además de pagar el término fijo, pague otra que compense los costes permanentes que se siguen produciendo y que actualmente no abona”.

Además, la futura regulación contempla un registro en el que deberán apuntarse las instalaciones de autoconsumo bajo pena de fuertes multas. Algunas fuentes del sector fotovoltaico apuntan a la posibilidad de un mercado negro de instalaciones no registradas y al efecto desincentivador de hacer pasar al consumidor común por tanto trámite, por lo que se quejan de los continuos palos a las ruedas de las renovables.

“¿Hasta qué punto se pueden imponer recortes, tasas, impuestos a la generación fotovoltaica sin provocar el derrumbe del sector?”, se pregunta el catedrático Mir. “Esto es lo que ha pasado en 2011, 2012 y 2013. Con respecto al autoconsumo, que se esperaba sería la palanca para la recuperación del sector, aunque a nivel técnico las condiciones para tener plantas propias fotovoltaicas o minieólicas en casa o el comercio no son malas, las condiciones económicas han sido pésimas. Con esto”, sentencia, “¿para qué poner placas en casa?”. Lo mismo se cuestionan muchos posibles autoconsumidores.

La respuesta, en las páginas del BOE y próximas sesiones del parlamento.

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Opiniones 4
  • Bien parece un complot de los políticos al servicio de las eléctricas.
    Quizá al común de los ciudadanos, sólo les queda desconectarse de la red y hacer una instalación 100% autonóma, con baterías, así no están sometidos en modo alguno al nuevo reglamento.
    De momento la amortización de algo así, es larga, aprox 10 años, pero técnicamente está todo en el mercado y desde un punto de vista financiero, se puede lograr financiar y el importe que iría a la compañía eléctrica usarlo para pagar al banco.

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