Madrid ensaya la democracia directa por primera vez

No deja de ser una metáfora que la primera decisión que vaya a tomar la ciudadanía ejerciendo la democracia directa se relacione con un billete de transporte. Ese rectangulito de cartón es un permiso de viaje, el instrumento con el que cada día se acortan distancias en Madrid.

Hay desplegadas 60 urnas en juntas municipales, centros culturales o de la tercera edad. Durante el fin de semana (18 y 19 de febrero) 80 cajas saldrán a la calle; invadirán Puerta del Sol, la plaza de España, Callao, la plaza de Lavapiés… En febrero de 2017, la capital española se suma a las ciudades europeas que cada vez confían parcelas más grandes de su gestión a la participación de los ciudadanos.

Para Pablo Soto, concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, el estreno llega con retraso. «Había dificultades, pero ninguna insalvable que justifique que en 2017 no se hubiera puesto esta herramienta en manos de la ciudadanía. Lo único que había que hacer era tomar la decisión; tiene que ver con la visión de cómo debe funcionar una democracia», explica a Yorokobu.

Ahora, después de que en 2015 se abriera la plataforma de participación y se comenzara a experimentar, dos propuestas salen a votación: crear un bono de transporte intermodal (bus, metro y cercanías) e impulsar la iniciativa Madrid 100% Sostenible que incluye 14 puntos para desintoxicar la ciudad.

El circuito que han seguido estas iniciativas que se generaron en pequeños debates entre vecinos ha sido pausado. Para prosperar y pasar a votación, deben reunir al menos 27.000 votos. «Lo más parecido que existía era el derecho a la iniciativa popular, pero tenía unos requisitos altísimos y no conllevaba una consulta, sino un debate entre políticos», recuerda Soto.

«En los lugares del mundo donde esto funciona se ve enseguida qué umbrales son útiles: donde las firmas necesarias para que prospere una votación se sitúan en torno al 1% o el 2% del censo se votan asuntos regularmente», puntualiza Soto.

Cada propuesta lleva un análisis competencial. En el caso de que el Ayuntamiento no pueda adoptar una decisión por sí mismo, se compromete a defender el resultado de las consultas ante los órganos necesarios.

La plataforma para implicar a los habitantes de la capital ha tenido unos comienzos difíciles, lentos. Un artículo de verano de 2016 señalaba que la frontera necesaria era algo superior (54.000 firmas), según palabras de Soto. A los ciudadanos les cuesta asumir que pueden interceder en las decisiones públicas: hay escepticismo, desconfianza.

«Desconfían mucho de que pueda haber mecanismos con esta potencia y que sea algo real. Es normal que desconfíen. Lo único que han demostrado las instituciones es que el artículo 1 de la Constitución, en el que se dice que la soberanía reside en el pueblo, es papel mojado. Antes ningún mecanismo permitía ejercer esa soberanía más allá de cada cuatro años, pero esto se está extendiendo y la ciudadanía se dará cuenta de que toma decisiones, de que se decretan y son vinculantes», se esperanza Soto.

Parece que cierta timidez se va perdiendo: ya hay 250.000 inscritos en la web Decide Madrid, según cuenta Vicky Bolaños, responsable de prensa.

En la votación popular que finaliza el domingo, el Ayuntamiento ha introducido otras dos decisiones: el proyecto de remodelación de la plaza de España y un sondeo para comprobar qué deseos se reservan con respecto al futuro de la Gran Vía (si se quiere profundizar o no en su peatonalización).

Se trata de un proceso mixto. «Anteriormente, se preguntó por la predisposición a que se remodelara la plaza de España, salió que sí y han ido sucediéndose distintas fases: en unas participa la ciudadanía y en otras, un jurado con técnicos del Ayuntamiento y profesionales del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Se presentaron 72 proyectos, se votó para elegir a los cinco semifinalistas; luego el jurado seleccionó dos, proyecto X y proyecto Y», recapitula Bolaños. X e Y para conservar el anonimato de las propuestas.

Este mecanismo quiere complementar el clásico método de los concursos públicos para la adjudicación de contratos, hacerlo extensible a los empadronados. En esta semana, tres cabecillas de la trama Gürtel han entrado en prisión. A sus espaldas cargaban montones de licitaciones amañadas. Una de las premisas de trabajo de la trama se resumía en una frase: teniendo al alcalde tienes el municipio y las obras.

El concejal de Participación confía en que estas herramientas torpedeen el mamoneo. «No sólo es un elemento de decisión, sino que tiene un elemento importante de elevación de la transparencia y de eliminación de posibles vías de corrupción». Al menos en principio, ya se sabe que los sibaritas del pufo, los Bárcenas y Granados, cuelan la mano por cualquier rendija.

Las críticas que intentan demoler desde el cimiento cualquier conato de participación ciudadana se centran en infantilizar al ciudadano, en insinuar que la gente pedirá locuras, eliminaciones de impuestos, beneficios inasumibles. Los contrarios a estos métodos temen por el déficit público.

Según su análisis, Pablo Soto asegura que los sistemas sin democracia directa acumulan más deuda, «y más cuando se acercan elecciones y el partido de gobierno está cerca de perderlas». Un uso partidista y atropellado de los fondos públicos que, en caso de depender de los ciudadanos, difícilmente se daría.

«En realidad, se generaría un 7% menos de deuda; en el caso español estaríamos hablando de un estado del bienestar mucho más desarrollado», medita.

El próximo sábado y el domingo saldrán a la ciudad decenas de urnas para visibilizar lo que, a pesar de las campañas de comunicación, muchos madrileños todavía no saben: que pueden tomar decisiones. Aparte de presencial, el sistema de voto ha sido virtual y por carta. «Se mandaron 2,7 millones de cartas en un sobre amarillo muy chillón con el franqueo pagado para votar las propuestas ciudadanas y la remodelación de la plaza de España», recuerda Vicky Bolaños. Hasta el pasado día 10 habían votado por carta 130.000.

Hoy es un billete de transporte público, pero el objetivo es probar, ensayar, fallar y repensar con el fin de que, como aspira Soto, «una parte muy sustancial de las decisiones rutinarias de los ayuntamientos caigan en manos de la gente, por ejemplo, con presupuestos participativos». Es el punto de partida: «Si podemos implementarlos bien y que la sociedad los reconozca como suyos, el resultado debe ser que ningún político en el futuro decida en contra de la población: ni candidatura olímpica, ni aeropuertos peatonales, ni guerra de Irak, ni vallas con concertinas en la frontera». Que se acorten distancias entre las acciones de gobierno y las personas en las que, finalmente, caerán las consecuencias de esas acciones.