1 de diciembre 2014    /   IDEAS
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¡Que viene el lobby!

1 de diciembre 2014    /   IDEAS     por          
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En plena debacle política, sale a la luz uno de los aspectos más oscuros de los pasillos de las Cortes: la labor del lobby y su regulación. ¿Qué demonios es eso y por qué es una buena idea encender la luz y ver a las claras lo que los ciudadanos imaginan como un monstruo de corruptelas?
Hay una figura común en los cuentos infantiles: el lobo feroz. Es el Darth Vader de las fantasías de nuestra infancia, el malo por antonomasia, del que siempre hay que huir y al que siempre le espera un final terrible como pago por sus malas acciones: desde que le abran en canal, le metan piedras y lo tiren al río, hasta quemarse el culo al colarse en la chimenea de la casa de ladrillo del mayor de los tres cerditos. El lobo siempre sale escaldado, pero nos da un miedo irracional.
Aunque en su raíz lingüística nada tiene que ver, pocas asociaciones de ideas tan válidas como la de ese lobo feroz y el ‘lobby’. Con las actividades de los lobistas pasa algo similar que con las desventuras del antagonista de tantos y tantos cuentos: dan miedo, generan desconfianza y, a grandes rasgos, preferimos mirar hacia otro lado, como deseando que no existiera.
Pero, al final, los lobos existen, y en lugar de temerles ellos son los que deberían temernos, ya que están en franco retroceso como especie por nuestra culpa. Y, de igual forma, los lobbies existen. Y ni unos ni otros son tan malos como los pintan. El problema es que no les tratamos como deberíamos.
Porque no, un lobo no va a atacarnos directamente si nos lo topamos por el bosque (seguramente huya), ni un lobby busca operar a espaldas de los ciudadanos, conchavándose con los poderes públicos y logrando oscuros contratos para su interés. La cuestión es que, igual que pasa con los lobos, nuestros pensamientos hacia ellos hacen que actúen de esa forma, al menos en nuestro imaginario.
¿Qué es un lobby? Un grupo de interés que, en ocasiones, se convierte en grupo de interés. Ejemplo práctico, el sector del mueble. Ese que durante años retrasó la llegada de Ikea a Valencia. ¿Y es eso lo que hacen los lobbies? Sí y no. Lo que hacen es defender intereses sectoriales, y lo hacen entablando conversaciones con quienes toman las decisiones (los políticos). El problema, sin embargo, no es que lo hagan. Es que no se controle.
Por si hacer el juego entre lobbies y lobos no era suficiente, vamos a poner dos ejemplos igual de controvertidos o más: la prostitución y la marihuana. Lo primero carece de regulación efectiva, y lo segundo está prohibido. ¿Frena eso que haya prostitución en las calles y que la gente fume porros? No. Mirar hacia otro lado no hace que los lobos no existan. Mirarlos de frente, sin embargo, hará que nos demos cuenta de que ni los lobos son tan fieros, ni la prostitución tiene que ser una actividad donde sean las mafias de las que controlan el cotarro -en muchas ocasiones obligando a mujeres a ejercer contra su voluntad-, ni tampoco que se tenga que comprar marihuana o derivados sin garantías sanitarias ni generación de ingresos para las arcas públicas.
Volvamos al lobby.
Imaginemos otro ejemplo: el lobby de hosteleros y gasolineros de Castilla-La Mancha intenta negociar para evitar una bajada del precio del billete de AVE entre Madrid y el Mediterráneo. En realidad la historia sería que un grupo de empresarios piden audiencia con gente cercana al ministerio que tramita tal decisión para exponer sus problemas: bajar el precio del billete conllevaría una reducción del tráfico rodado por la autovía, lo que derrumbaría los ingresos de las áreas de servicio de la zona y, en consecuencia, supondría un impacto económico importante en una zona donde parte de la actividad depende de los conductores que viajan por sus tierras.
Eso es un lobby. Puede que la idea de evitar que se baje el precio de algo nos parezca mala por sí (quizá no es el ejemplo más acertado), pero la esencia de la idea es que un sector tenga acceso a quienes toman las decisiones que les afectan para exponerles de qué forma les van a perjudicar y, en consecuencia, se intente llegar a un punto de equilibrio para minimizar el impacto.
Hay otros lobbies más presentes, pero que no suelen percibirse como tal, como las ONG o la Iglesia: quieren influir, aunque su forma de hacerlo no es la misma que la de los empresarios.
El problema es, volviendo a la prostitución o la marihuana, cuando esa actividad no se regula. Cuando esos grupos de interés se reúnen con los políticos sin que los ciudadanos no lo sepan, cuando intentan influir de forma oscura (ya sea con regalos o apoyos) y cuando la toma de una decisión al respecto de algo no responde a ese punto de equilibrio, sino al favoritismo provocado de forma deshonesta.
Por eso muchas voces llevan años pidiendo la regularización de la actividad de los lobistas que, ahora sí, parece avanzar. Es el caso de la Comisión Europea, que anunciaba hace unos días que publicará todos los encuentros entre lobistas y eurodiputados. Es el resultado de muchísimas críticas a la actividad de esos grupos de presión, que tantas veces han aparecido en los medios vestidos de lobos: «Los lobbies escapan al control de la UE», publicaba Público; «Europa, al servicio de los lobbies», decía El Mundo; «Así actúan los ‘lobbies’ en la UE», explicaba El País. Ahora la UE censa a esos grupos de presión para controlar su actividad.
En España las fechas han coincidido: después de algunos años de trabajo, el PP ha lanzado una propuesta para regular el lobby. En esa línea se movió durante los últimos años de actividad política el exsecretario del Congreso Santiago Cervera, que hace unos años, en una intervención pública en Barcelona, abogaba por la regulación de estas actividades como medida necesaria de transparencia y forma de evitar la corrupción. En su intervención Cervera defendía la creación de un registro en el Congreso -voluntario, eso sí-, la potenciación de la Comisión del Estatuto del Diputado y el establecimiento de un nuevo modelo de rendición de cuentas en las relaciones de los políticos con los grupos de interés. Por esas fechas se manifestaban de igual forma a través de los espacios de opinión de El País.
«Cuando un grupo de interés tiene la intención de hacerse valer en cualquier proceso de decisión política, se busca la vida como cree conveniente. Hay empresas que lo hacen de manera profesional, pero creo que son las menos», comenta Cervera. «El modelo más habitual es el de buscar el contacto por vías personales e intentar llegar al decisor. A partir de ahí, establecer algún tipo de relación que en no pocas ocasiones se lleva a cabo fuera de los propios ámbitos institucionales. Creo que no hace falta aportar detalles, pero todos sabemos cómo se funciona en este país». A veces el camino se invierte y se da lo que conocemos como «puerta giratoria», algo que Cervera define como «cuando vemos que se sitúa en determinados consejos de administración a personas que no tienen conocimientos sectoriales de cada negocio o industria, pero sí una capacidad de acceder al decisor en nombre de la empresa que le proporciona el sustento».
El exdiputado defiende «que cualquier grupo de interés pueda expresar sus pretensiones ante cualquier proceso normativo, e igualmente defiendo que el poder público acoja las pretensiones sectoriales cuando estas sean compatibles con el interés general». La cuestión, según explica, es «regularlo en términos de transparencia y darle carta de naturaleza».
La idea de la regulación pivota sobre ideas como que se cree un registro oficial de lobbies, para que los ciudadanos sepan quiénes son y qué representan, y que las reuniones con políticos sean transparentes, al menos en que existen y en cuál es su contenido. Y, por supuesto, que se controle y persiga que haya algún tipo de regalo o consideración como forma de conseguir lo que se consigue. Vaya, como con la prostitución y la marihuana: no perseguir que desaparezca, porque es imposible, pero que al menos la actividad se desarrolle de la forma más higiénica posible.
Para María Rosa Rotondo, la presidenta de la patronal de los lobbistas españoles, la clave de la regulación iría, por un lado, con «la creación de un registro público, si obligatorio mejor, y, por otro, un código de conducta para el lobista que accede a las Cortes». Porque, según describe, hasta ahora no ha habido nada de eso.
«Personalmente he encontrado mucha disponibilidad por parte de los políticos a la hora de pedir una reunión. El problema es que la falta de un registro no permite tener conocimiento de esas reuniones ni de qué intereses se están representando durante esos encuentros. Con lo cual, cualquier persona que supuestamente represente un determinado interés se puede reunir con el legislador, sin tener que identificarse a la hora de entrar en las Cortes o en el Ministerio».
Todo eso está muy bien, pero seguro que en el imaginario colectivo lo que aparece después de la idea «regulación» es «EE UU». O, mejor dicho, lo que series y películas muestran de la política estadounidense, donde el lobbying no es sólo cuestión de reunirse con políticos de forma más o menos coercitiva, sino directamente un método de financiación para sus campañas: si determinada empresa tiene interés en sacar adelante o tumbar una ley, nada como avalar la candidatura de alguien poniéndole en la mesa el dinero y los contactos que necesite a cambio de su acción una vez llegue al poder a la escala que sea.
Más allá de que eso sea ficción o realidad, en España la cosa sería distinta: aquí son los partidos los que, para bien o para mal, centralizan la actividad política. Ellos confeccionan las listas, deciden a los candidatos y marcan las prioridades de voto. En la parte negativa está que se coarta la libre decisión de voto (ese dedito indicando antes de cada votación el sentido que deberán tomar en la misma); en la parte positiva, que siempre será más complicado coaccionar (de forma positiva o negativa) a toda una formación en lugar de a un solo político.
¿Es el modelo de EE UU el ideal para España? En eso los partidarios de regular el lobby discrepan. Para Rotondo la legislación estadounidense «es mucho más articulada y prevé una serie de restricciones y medidas de fomento de la transparencia deseables en países como España», aunque «personalmente» el modelo europeo «es el que más se acerca a mi visión de lobbying regulado». Cervera, por su parte, los ve como «ejemplo de transparencia y rendición de cuentas en todos los aspectos». Eso sí, matiza, «el modelo más transparente es el sajón, no sólo el norteamericano, también el británico».
Ahora sólo falta ver la forma de evitar que Caperucita le lleve una cestita con regalitos a su abuelita. No todo va a ser el lobby en esta historia.

Imagen portada: Shutterstock

En plena debacle política, sale a la luz uno de los aspectos más oscuros de los pasillos de las Cortes: la labor del lobby y su regulación. ¿Qué demonios es eso y por qué es una buena idea encender la luz y ver a las claras lo que los ciudadanos imaginan como un monstruo de corruptelas?
Hay una figura común en los cuentos infantiles: el lobo feroz. Es el Darth Vader de las fantasías de nuestra infancia, el malo por antonomasia, del que siempre hay que huir y al que siempre le espera un final terrible como pago por sus malas acciones: desde que le abran en canal, le metan piedras y lo tiren al río, hasta quemarse el culo al colarse en la chimenea de la casa de ladrillo del mayor de los tres cerditos. El lobo siempre sale escaldado, pero nos da un miedo irracional.
Aunque en su raíz lingüística nada tiene que ver, pocas asociaciones de ideas tan válidas como la de ese lobo feroz y el ‘lobby’. Con las actividades de los lobistas pasa algo similar que con las desventuras del antagonista de tantos y tantos cuentos: dan miedo, generan desconfianza y, a grandes rasgos, preferimos mirar hacia otro lado, como deseando que no existiera.
Pero, al final, los lobos existen, y en lugar de temerles ellos son los que deberían temernos, ya que están en franco retroceso como especie por nuestra culpa. Y, de igual forma, los lobbies existen. Y ni unos ni otros son tan malos como los pintan. El problema es que no les tratamos como deberíamos.
Porque no, un lobo no va a atacarnos directamente si nos lo topamos por el bosque (seguramente huya), ni un lobby busca operar a espaldas de los ciudadanos, conchavándose con los poderes públicos y logrando oscuros contratos para su interés. La cuestión es que, igual que pasa con los lobos, nuestros pensamientos hacia ellos hacen que actúen de esa forma, al menos en nuestro imaginario.
¿Qué es un lobby? Un grupo de interés que, en ocasiones, se convierte en grupo de interés. Ejemplo práctico, el sector del mueble. Ese que durante años retrasó la llegada de Ikea a Valencia. ¿Y es eso lo que hacen los lobbies? Sí y no. Lo que hacen es defender intereses sectoriales, y lo hacen entablando conversaciones con quienes toman las decisiones (los políticos). El problema, sin embargo, no es que lo hagan. Es que no se controle.
Por si hacer el juego entre lobbies y lobos no era suficiente, vamos a poner dos ejemplos igual de controvertidos o más: la prostitución y la marihuana. Lo primero carece de regulación efectiva, y lo segundo está prohibido. ¿Frena eso que haya prostitución en las calles y que la gente fume porros? No. Mirar hacia otro lado no hace que los lobos no existan. Mirarlos de frente, sin embargo, hará que nos demos cuenta de que ni los lobos son tan fieros, ni la prostitución tiene que ser una actividad donde sean las mafias de las que controlan el cotarro -en muchas ocasiones obligando a mujeres a ejercer contra su voluntad-, ni tampoco que se tenga que comprar marihuana o derivados sin garantías sanitarias ni generación de ingresos para las arcas públicas.
Volvamos al lobby.
Imaginemos otro ejemplo: el lobby de hosteleros y gasolineros de Castilla-La Mancha intenta negociar para evitar una bajada del precio del billete de AVE entre Madrid y el Mediterráneo. En realidad la historia sería que un grupo de empresarios piden audiencia con gente cercana al ministerio que tramita tal decisión para exponer sus problemas: bajar el precio del billete conllevaría una reducción del tráfico rodado por la autovía, lo que derrumbaría los ingresos de las áreas de servicio de la zona y, en consecuencia, supondría un impacto económico importante en una zona donde parte de la actividad depende de los conductores que viajan por sus tierras.
Eso es un lobby. Puede que la idea de evitar que se baje el precio de algo nos parezca mala por sí (quizá no es el ejemplo más acertado), pero la esencia de la idea es que un sector tenga acceso a quienes toman las decisiones que les afectan para exponerles de qué forma les van a perjudicar y, en consecuencia, se intente llegar a un punto de equilibrio para minimizar el impacto.
Hay otros lobbies más presentes, pero que no suelen percibirse como tal, como las ONG o la Iglesia: quieren influir, aunque su forma de hacerlo no es la misma que la de los empresarios.
El problema es, volviendo a la prostitución o la marihuana, cuando esa actividad no se regula. Cuando esos grupos de interés se reúnen con los políticos sin que los ciudadanos no lo sepan, cuando intentan influir de forma oscura (ya sea con regalos o apoyos) y cuando la toma de una decisión al respecto de algo no responde a ese punto de equilibrio, sino al favoritismo provocado de forma deshonesta.
Por eso muchas voces llevan años pidiendo la regularización de la actividad de los lobistas que, ahora sí, parece avanzar. Es el caso de la Comisión Europea, que anunciaba hace unos días que publicará todos los encuentros entre lobistas y eurodiputados. Es el resultado de muchísimas críticas a la actividad de esos grupos de presión, que tantas veces han aparecido en los medios vestidos de lobos: «Los lobbies escapan al control de la UE», publicaba Público; «Europa, al servicio de los lobbies», decía El Mundo; «Así actúan los ‘lobbies’ en la UE», explicaba El País. Ahora la UE censa a esos grupos de presión para controlar su actividad.
En España las fechas han coincidido: después de algunos años de trabajo, el PP ha lanzado una propuesta para regular el lobby. En esa línea se movió durante los últimos años de actividad política el exsecretario del Congreso Santiago Cervera, que hace unos años, en una intervención pública en Barcelona, abogaba por la regulación de estas actividades como medida necesaria de transparencia y forma de evitar la corrupción. En su intervención Cervera defendía la creación de un registro en el Congreso -voluntario, eso sí-, la potenciación de la Comisión del Estatuto del Diputado y el establecimiento de un nuevo modelo de rendición de cuentas en las relaciones de los políticos con los grupos de interés. Por esas fechas se manifestaban de igual forma a través de los espacios de opinión de El País.
«Cuando un grupo de interés tiene la intención de hacerse valer en cualquier proceso de decisión política, se busca la vida como cree conveniente. Hay empresas que lo hacen de manera profesional, pero creo que son las menos», comenta Cervera. «El modelo más habitual es el de buscar el contacto por vías personales e intentar llegar al decisor. A partir de ahí, establecer algún tipo de relación que en no pocas ocasiones se lleva a cabo fuera de los propios ámbitos institucionales. Creo que no hace falta aportar detalles, pero todos sabemos cómo se funciona en este país». A veces el camino se invierte y se da lo que conocemos como «puerta giratoria», algo que Cervera define como «cuando vemos que se sitúa en determinados consejos de administración a personas que no tienen conocimientos sectoriales de cada negocio o industria, pero sí una capacidad de acceder al decisor en nombre de la empresa que le proporciona el sustento».
El exdiputado defiende «que cualquier grupo de interés pueda expresar sus pretensiones ante cualquier proceso normativo, e igualmente defiendo que el poder público acoja las pretensiones sectoriales cuando estas sean compatibles con el interés general». La cuestión, según explica, es «regularlo en términos de transparencia y darle carta de naturaleza».
La idea de la regulación pivota sobre ideas como que se cree un registro oficial de lobbies, para que los ciudadanos sepan quiénes son y qué representan, y que las reuniones con políticos sean transparentes, al menos en que existen y en cuál es su contenido. Y, por supuesto, que se controle y persiga que haya algún tipo de regalo o consideración como forma de conseguir lo que se consigue. Vaya, como con la prostitución y la marihuana: no perseguir que desaparezca, porque es imposible, pero que al menos la actividad se desarrolle de la forma más higiénica posible.
Para María Rosa Rotondo, la presidenta de la patronal de los lobbistas españoles, la clave de la regulación iría, por un lado, con «la creación de un registro público, si obligatorio mejor, y, por otro, un código de conducta para el lobista que accede a las Cortes». Porque, según describe, hasta ahora no ha habido nada de eso.
«Personalmente he encontrado mucha disponibilidad por parte de los políticos a la hora de pedir una reunión. El problema es que la falta de un registro no permite tener conocimiento de esas reuniones ni de qué intereses se están representando durante esos encuentros. Con lo cual, cualquier persona que supuestamente represente un determinado interés se puede reunir con el legislador, sin tener que identificarse a la hora de entrar en las Cortes o en el Ministerio».
Todo eso está muy bien, pero seguro que en el imaginario colectivo lo que aparece después de la idea «regulación» es «EE UU». O, mejor dicho, lo que series y películas muestran de la política estadounidense, donde el lobbying no es sólo cuestión de reunirse con políticos de forma más o menos coercitiva, sino directamente un método de financiación para sus campañas: si determinada empresa tiene interés en sacar adelante o tumbar una ley, nada como avalar la candidatura de alguien poniéndole en la mesa el dinero y los contactos que necesite a cambio de su acción una vez llegue al poder a la escala que sea.
Más allá de que eso sea ficción o realidad, en España la cosa sería distinta: aquí son los partidos los que, para bien o para mal, centralizan la actividad política. Ellos confeccionan las listas, deciden a los candidatos y marcan las prioridades de voto. En la parte negativa está que se coarta la libre decisión de voto (ese dedito indicando antes de cada votación el sentido que deberán tomar en la misma); en la parte positiva, que siempre será más complicado coaccionar (de forma positiva o negativa) a toda una formación en lugar de a un solo político.
¿Es el modelo de EE UU el ideal para España? En eso los partidarios de regular el lobby discrepan. Para Rotondo la legislación estadounidense «es mucho más articulada y prevé una serie de restricciones y medidas de fomento de la transparencia deseables en países como España», aunque «personalmente» el modelo europeo «es el que más se acerca a mi visión de lobbying regulado». Cervera, por su parte, los ve como «ejemplo de transparencia y rendición de cuentas en todos los aspectos». Eso sí, matiza, «el modelo más transparente es el sajón, no sólo el norteamericano, también el británico».
Ahora sólo falta ver la forma de evitar que Caperucita le lleve una cestita con regalitos a su abuelita. No todo va a ser el lobby en esta historia.

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