17 de noviembre 2016    /   DIGITAL
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¿Quién cobra la obra?: la web que explica quién se forra con los impuestos que tú pagas

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La Fundación Civio ha lanzado la web ¿Quién cobra la obra?, un proyecto de investigación sobre la obra pública en España que traza un mapa de esa construcción sufragada con dinero público. El matiz está en que ¿Quién cobra la obra? no sólo se centra en las administraciones, sino también en las empresas que se han llevado esos contratos, unos actores que, como afirma Eva Belmonte, una de las responsables de Civio, «a veces parecen innombrables».

«Hacía mucho tiempo que le teníamos ganas al tema de la contratación pública, que es el pivote sobre el que dan vueltas casi todos, por no decir todos, los casos de corrupción», reconoce Belmonte. «Es evidente que tenemos un problema con esto, y más aún en el ámbito de la obra pública, pero ¿qué se hace por resolverlo? No hay ningún sistema de control, independiente y sistemático que vigile lo que pasa».

Aunque existe el Tribunal de Cuentas, este organismo sólo analiza algunos contratos de forma aleatoria cada muchos años, así que, como explican desde Civio, «todo depende de que un competidor molesto porque no se ha llevado un contrato lo denuncie o lo filtre a la prensa».

Cuando eso sucede, la prensa tampoco lo tiene nada fácil. «No hay datos estructurados. Hay mil fuentes y algunas van desapareciendo, como los contratos antiguos en los perfiles del contratante. En el más grande, en Contratación del Estado, ya no están publicados los contratos anteriores a 2009. Así que pensamos que era necesario recopilar y estructurar toda esa información porque, como pasa en muchos otros ámbitos, se discute desde las ideologías y las trincheras previas, pero nadie sabe lo que de verdad pasa».

La labor de análisis de datos que desarrollan la Fundación Civio y Eva Belmonte es periodismo, tanto como lo es el trabajo de los reporteros de guerra, las investigaciones o los grandes reportajes. Además, todos ellos tienen en común una cosa: cuestan tiempo, paciencia y dinero, algo que muchos medios de comunicación no están dispuestos a invertir.

«No me considero especialmente lista, pero sí muy tozuda. Si me empeño en entender cómo funciona algo, no paro hasta que me arden las pestañas», indica Belmonte. «Pero para proyectos grandes como este, además, Civio tiene un plus con el que pocos cuentan: la mitad del equipo son desarrolladores ultralistos que saben muchísimo de periodismo, de análisis de datos, de administraciones públicas. Su trabajo y el hecho de que tenemos mucha paciencia es lo que marca la diferencia».

La obra pública en nuestro país ha sido motivo de orgullo, sinónimo de progreso y también de corrupción. La llegada de la crisis ha demostrado que en muchas ocasiones las grandes infraestructuras no respondían tanto a una necesidad de los ciudadanos, sino a las de sus gobernantes, los amigos de sus gobernantes y los grupos empresariales afines (a los gobernantes, sí, no a los ciudadanos).

«No estoy capacitada para responder si todas las obras públicas son necesarias o si lo son unas y otras no. Ni idea», reconoce Belmonte. «Pero muchas se han quedado paradas durante años y no ha pasado nada, más allá del dinero que se ha perdido. Algunos casos de corrupción han demostrado que esas obras se han utilizado para remunerar favores, pero es muy difícil sacar conclusiones generalizadas con los datos que tenemos. Lo que sí sabemos es que hay dos cosas que se repiten en gran parte de las diez mayores constructoras: cuentan con cargos o consejeros que han tenido vínculos con la política y se han visto relacionadas con algún caso de corrupción».

El proceso de adjudicación de una obra pública se hace a través de un concurso, sin embargo es frecuente que se recurra a la contratación sin publicidad, como han confirmado en diferentes ocasiones el Tribunal de Cuentas o la CNMV. Tampoco es inusual que muchas de esas obras, adjudicadas a la empresa que ofertó un mejor precio, tengan posteriormente un sobrecoste inesperado que encarezca el proyecto en millones de euros.

«Si no se cumplen los pliegos, las administraciones públicas pueden romper el contrato o poner multas a la empresa, todo depende de cómo esté establecido en esos mismos pliegos. Sin embargo, el caso de los sobrecostes es más complicado: apenas sabemos nada sobre ellos. No hay una fuente pública clara que te diga: “este contrato se adjudicó por X, al final ha costado el doble, y aquí están las razones”. Además, la ley permite un 10% de sobrecoste casi sin supervisión. Por otra parte, presentar ofertas por debajo para ganar un concurso y luego inflar los costes para conseguir el beneficio esperado es algo habitual».

Una normativa de la Unión Europea relativa a contratación pública exige a todos los países miembros que se implemente una serie de reformas en relacionadas con los concursos públicos para buscar una mayor transparencia, limitar los sobrecostes y evitar la corrupción. El problema es que, a pesar de los reiterados avisos por parte de las autoridades europeas, hasta el momento España no ha tomado ninguna medida al respecto.

«Lo que dice el Gobierno, y lo que publicó El País hace poco, es que España va con retraso por eso de que estuvimos en funciones un año. Pero la verdad es que el anteproyecto estaba listo y había pasado por un proceso de consulta pública en mayo de 2015. Desde entonces hasta las elecciones de diciembre, no se supo nada. El plazo máximo para transponer la directiva era en abril de 2016 y cuando llegó la fecha dijeron: “no, es que estamos en funciones”. Sí, pero has tenido dos años para hacerlo. Y estos eran los buenos gestores, los serios».

La consecuencia más clara de ese retraso, explica Eva Belmonte, es que ahora mismo un ciudadano puede exigir ante los tribunales que se cumpla la directiva, pero como no forma parte del ordenamiento jurídico español, nadie sabe cuál es el criterio de aplicación. «Unas administraciones las aplican por partes, otras no y, mientras tanto, se está perdiendo un tiempo precioso en el que podríamos tener información muy relevante y normas más abiertas».

Hasta que esa nueva regulación entre en vigor, la realidad actual de la contratación de obra pública, según los datos aportados por Fundación Civio en ¿Quién cobra la obra?, es que diez constructoras se adjudican, sin contar las UTE en las que participan, uno de cada cuatro euros de inversión pública. Una situación que invita a pensar que muchos de esos contratos están cortados a la medida de esa empresas, bloqueando así el acceso a cualquier nuevo competidor que desee entrar en el negocio.

«Puede resultar un poco malpensado, pero en parte es verdad: los grandes contratos, los que aparecen en el BOE, están hechos a medida para las grandes empresas y es normal», explica Eva Belmonte, que matiza esta última afirmación. «Hay ciertas garantías, como volumen de negocio o experiencias anteriores, que se exigen para participar en concursos de grandes obras. Un manitas que se monte una sociedad a su nombre no puede levantar un hospital, pero lo que es una locura es que haya casos en los que, para una pequeña reforma, se pida un volumen de negocio de, por ejemplo, cinco millones anuales. En todo caso y a pesar de esas garantías, también es cierto que no esperábamos tantísima concentración en tan pocos grupos. Creíamos que estaría más repartido, la verdad».

Corrupción, sospechas de favoritismo, enjuagues entre políticos y grupos de poder, puertas giratorias… A pesar de que todos estos conceptos sobrevuelan gran parte de los contratos de obra pública que se convocan en España, lo cierto es que, guste más o guste menos, todo es legal.

«La concentración, tal y como está ahora, es legal, sí. Pero no pondría la mano en el fuego por ninguno de los 8.058 contratos. Aún tenemos que investigar a fondo para buscar señales de alarma, banderas rojas que nos avisen de ciertas posibles irregularidades como, por ejemplo, troceos de contratos o pactos de precios. Queda mucho trabajo por hacer», concluye Belmonte.

Además de formar parte de la Fundación Civio, Eva Belmonte es la autora de El BOE nuestro de cada día, una web que recoge diariamente noticias extraídas del Boletín Oficial del Estado en el que, entre otras cosas, se publican todos esos contratos de obra pública. Sin embargo, y a pesar de que esta publicación está a disposición de todos los ciudadanos, son pocos los que recurren a él para saber qué sucede en nuestro país, periodistas incluidos.

«El día que empezamos con este proyecto pensábamos: ¿por qué nadie lo ha hecho antes? Y cuando empezamos a trabajar dimos con la respuesta: era una pesadilla. Para tratar con información pública primero hay que entenderla, y los temas como la contratación pública y sus reglas no son fáciles. El mejor ejemplo de ello es cuando algún medio de comunicación nos fusila sin citar algún tema que nosotros hemos publicado y nos responden “¡ah, es que esto está en el BOE!”. Claro que está en el BOE, pero el análisis y las conclusiones que has calcado no salen de ahí. Entender información que está en el BOE, que nos afecta a todos, e intentar explicarla de la forma más clara posible es periodismo».

Una vez concluya su investigación, los datos aportados por la Fundación Civio servirán, además de para saber si alguno de esos más de ocho mil contratos son o no legales, para concienciar a la ciudadanía de que la situación actual de contratación genera un abuso del negociado, prácticas poco competitivas y el reparto de una buena parte del pastel entre unos pocos, lo que limita gravemente la competencia.

«Todo eso no lo digo yo», puntualiza Belmonte. «Lo dice la CNMV. Pero vamos, que si tengo que decirlo yo, pues lo digo yo. Personalmente, mi motivación a la hora de afrontar esta investigación fueron ciertos comentarios de esos señores que hablan de lo público como un problema, cuando ellos viven, en buena parte, de lo público. Son los mismos que piden ahora una inversión de obra pública de 100 millones al año para reflotar el sector, argumentando que así no habrá paro y el país se volverá un mundo mágico de golosina, como cuando la burbuja. Personalmente quería ponerles cara y decir cuánto se estaba llevando cada uno. Y cómo».

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«Hacía mucho tiempo que le teníamos ganas al tema de la contratación pública, que es el pivote sobre el que dan vueltas casi todos, por no decir todos, los casos de corrupción», reconoce Belmonte. «Es evidente que tenemos un problema con esto, y más aún en el ámbito de la obra pública, pero ¿qué se hace por resolverlo? No hay ningún sistema de control, independiente y sistemático que vigile lo que pasa».

Aunque existe el Tribunal de Cuentas, este organismo sólo analiza algunos contratos de forma aleatoria cada muchos años, así que, como explican desde Civio, «todo depende de que un competidor molesto porque no se ha llevado un contrato lo denuncie o lo filtre a la prensa».

Cuando eso sucede, la prensa tampoco lo tiene nada fácil. «No hay datos estructurados. Hay mil fuentes y algunas van desapareciendo, como los contratos antiguos en los perfiles del contratante. En el más grande, en Contratación del Estado, ya no están publicados los contratos anteriores a 2009. Así que pensamos que era necesario recopilar y estructurar toda esa información porque, como pasa en muchos otros ámbitos, se discute desde las ideologías y las trincheras previas, pero nadie sabe lo que de verdad pasa».

La labor de análisis de datos que desarrollan la Fundación Civio y Eva Belmonte es periodismo, tanto como lo es el trabajo de los reporteros de guerra, las investigaciones o los grandes reportajes. Además, todos ellos tienen en común una cosa: cuestan tiempo, paciencia y dinero, algo que muchos medios de comunicación no están dispuestos a invertir.

«No me considero especialmente lista, pero sí muy tozuda. Si me empeño en entender cómo funciona algo, no paro hasta que me arden las pestañas», indica Belmonte. «Pero para proyectos grandes como este, además, Civio tiene un plus con el que pocos cuentan: la mitad del equipo son desarrolladores ultralistos que saben muchísimo de periodismo, de análisis de datos, de administraciones públicas. Su trabajo y el hecho de que tenemos mucha paciencia es lo que marca la diferencia».

La obra pública en nuestro país ha sido motivo de orgullo, sinónimo de progreso y también de corrupción. La llegada de la crisis ha demostrado que en muchas ocasiones las grandes infraestructuras no respondían tanto a una necesidad de los ciudadanos, sino a las de sus gobernantes, los amigos de sus gobernantes y los grupos empresariales afines (a los gobernantes, sí, no a los ciudadanos).

«No estoy capacitada para responder si todas las obras públicas son necesarias o si lo son unas y otras no. Ni idea», reconoce Belmonte. «Pero muchas se han quedado paradas durante años y no ha pasado nada, más allá del dinero que se ha perdido. Algunos casos de corrupción han demostrado que esas obras se han utilizado para remunerar favores, pero es muy difícil sacar conclusiones generalizadas con los datos que tenemos. Lo que sí sabemos es que hay dos cosas que se repiten en gran parte de las diez mayores constructoras: cuentan con cargos o consejeros que han tenido vínculos con la política y se han visto relacionadas con algún caso de corrupción».

El proceso de adjudicación de una obra pública se hace a través de un concurso, sin embargo es frecuente que se recurra a la contratación sin publicidad, como han confirmado en diferentes ocasiones el Tribunal de Cuentas o la CNMV. Tampoco es inusual que muchas de esas obras, adjudicadas a la empresa que ofertó un mejor precio, tengan posteriormente un sobrecoste inesperado que encarezca el proyecto en millones de euros.

«Si no se cumplen los pliegos, las administraciones públicas pueden romper el contrato o poner multas a la empresa, todo depende de cómo esté establecido en esos mismos pliegos. Sin embargo, el caso de los sobrecostes es más complicado: apenas sabemos nada sobre ellos. No hay una fuente pública clara que te diga: “este contrato se adjudicó por X, al final ha costado el doble, y aquí están las razones”. Además, la ley permite un 10% de sobrecoste casi sin supervisión. Por otra parte, presentar ofertas por debajo para ganar un concurso y luego inflar los costes para conseguir el beneficio esperado es algo habitual».

Una normativa de la Unión Europea relativa a contratación pública exige a todos los países miembros que se implemente una serie de reformas en relacionadas con los concursos públicos para buscar una mayor transparencia, limitar los sobrecostes y evitar la corrupción. El problema es que, a pesar de los reiterados avisos por parte de las autoridades europeas, hasta el momento España no ha tomado ninguna medida al respecto.

«Lo que dice el Gobierno, y lo que publicó El País hace poco, es que España va con retraso por eso de que estuvimos en funciones un año. Pero la verdad es que el anteproyecto estaba listo y había pasado por un proceso de consulta pública en mayo de 2015. Desde entonces hasta las elecciones de diciembre, no se supo nada. El plazo máximo para transponer la directiva era en abril de 2016 y cuando llegó la fecha dijeron: “no, es que estamos en funciones”. Sí, pero has tenido dos años para hacerlo. Y estos eran los buenos gestores, los serios».

La consecuencia más clara de ese retraso, explica Eva Belmonte, es que ahora mismo un ciudadano puede exigir ante los tribunales que se cumpla la directiva, pero como no forma parte del ordenamiento jurídico español, nadie sabe cuál es el criterio de aplicación. «Unas administraciones las aplican por partes, otras no y, mientras tanto, se está perdiendo un tiempo precioso en el que podríamos tener información muy relevante y normas más abiertas».

Hasta que esa nueva regulación entre en vigor, la realidad actual de la contratación de obra pública, según los datos aportados por Fundación Civio en ¿Quién cobra la obra?, es que diez constructoras se adjudican, sin contar las UTE en las que participan, uno de cada cuatro euros de inversión pública. Una situación que invita a pensar que muchos de esos contratos están cortados a la medida de esa empresas, bloqueando así el acceso a cualquier nuevo competidor que desee entrar en el negocio.

«Puede resultar un poco malpensado, pero en parte es verdad: los grandes contratos, los que aparecen en el BOE, están hechos a medida para las grandes empresas y es normal», explica Eva Belmonte, que matiza esta última afirmación. «Hay ciertas garantías, como volumen de negocio o experiencias anteriores, que se exigen para participar en concursos de grandes obras. Un manitas que se monte una sociedad a su nombre no puede levantar un hospital, pero lo que es una locura es que haya casos en los que, para una pequeña reforma, se pida un volumen de negocio de, por ejemplo, cinco millones anuales. En todo caso y a pesar de esas garantías, también es cierto que no esperábamos tantísima concentración en tan pocos grupos. Creíamos que estaría más repartido, la verdad».

Corrupción, sospechas de favoritismo, enjuagues entre políticos y grupos de poder, puertas giratorias… A pesar de que todos estos conceptos sobrevuelan gran parte de los contratos de obra pública que se convocan en España, lo cierto es que, guste más o guste menos, todo es legal.

«La concentración, tal y como está ahora, es legal, sí. Pero no pondría la mano en el fuego por ninguno de los 8.058 contratos. Aún tenemos que investigar a fondo para buscar señales de alarma, banderas rojas que nos avisen de ciertas posibles irregularidades como, por ejemplo, troceos de contratos o pactos de precios. Queda mucho trabajo por hacer», concluye Belmonte.

Además de formar parte de la Fundación Civio, Eva Belmonte es la autora de El BOE nuestro de cada día, una web que recoge diariamente noticias extraídas del Boletín Oficial del Estado en el que, entre otras cosas, se publican todos esos contratos de obra pública. Sin embargo, y a pesar de que esta publicación está a disposición de todos los ciudadanos, son pocos los que recurren a él para saber qué sucede en nuestro país, periodistas incluidos.

«El día que empezamos con este proyecto pensábamos: ¿por qué nadie lo ha hecho antes? Y cuando empezamos a trabajar dimos con la respuesta: era una pesadilla. Para tratar con información pública primero hay que entenderla, y los temas como la contratación pública y sus reglas no son fáciles. El mejor ejemplo de ello es cuando algún medio de comunicación nos fusila sin citar algún tema que nosotros hemos publicado y nos responden “¡ah, es que esto está en el BOE!”. Claro que está en el BOE, pero el análisis y las conclusiones que has calcado no salen de ahí. Entender información que está en el BOE, que nos afecta a todos, e intentar explicarla de la forma más clara posible es periodismo».

Una vez concluya su investigación, los datos aportados por la Fundación Civio servirán, además de para saber si alguno de esos más de ocho mil contratos son o no legales, para concienciar a la ciudadanía de que la situación actual de contratación genera un abuso del negociado, prácticas poco competitivas y el reparto de una buena parte del pastel entre unos pocos, lo que limita gravemente la competencia.

«Todo eso no lo digo yo», puntualiza Belmonte. «Lo dice la CNMV. Pero vamos, que si tengo que decirlo yo, pues lo digo yo. Personalmente, mi motivación a la hora de afrontar esta investigación fueron ciertos comentarios de esos señores que hablan de lo público como un problema, cuando ellos viven, en buena parte, de lo público. Son los mismos que piden ahora una inversión de obra pública de 100 millones al año para reflotar el sector, argumentando que así no habrá paro y el país se volverá un mundo mágico de golosina, como cuando la burbuja. Personalmente quería ponerles cara y decir cuánto se estaba llevando cada uno. Y cómo».

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Opiniones 2
  • Hola, enhorabuena a la inicitiva de FUNDACION CIVIO y sus responsables por la labor de emprenduría.
    Mi cuestión es:
    Con los datos obtenidos por la fundación ¿se podrán formular denuncias si corresponde?
    ¿La fundación pondrá los datos obtenidos para el servicico en organizaciones, asociaciones o colectivos civiles para que se formulen las denuncias o requerimientos necesarios?
    Gracias

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